Este lunes inició la Audiencia de Imputación en contra de un grupo de militares de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que la tarde del jueves 18 de mayo ejecutaron a cinco civiles armados, quienes previamente fueron arrestados y desarmados, quedando expuesta su actuación arbitraria y violatoria de los derechos humanos.
Este lamentable acontecimiento fue grabado por la cámara de seguridad de un centro comercial en Nuevo Laredo y días después difundido ampliamente en medios de comunicación nacionales y extranjeros.
De 16 militares involucrados directamente en estos hechos, la Fiscalía General de la Republica (FGR) solamente presentó imputaciones en contra de 7 elementos, entre ellos, el Teniente de Infantería José Luis N, a quien se le acusa de los delitos de Homicidio Calificado Con Ventaja y Contra la Administración de la Justicia.
Los otros seis militares que también fueron imputados por la FGR son Armando N, Benito N, Ángel N, Filiberto N, Carlos N y Julián N, quienes enfrentan cargos de Homicidio Calificado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público, según consta en la Carpeta Judicial 203/2023.
La audiencia inicial se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa siendo presidida por el Juez de Control, Eduardo Javier Sáenz Torres, con la presencia de familiares de las víctimas a través de una video conferencia transmitida desde la oficina de sus asesores jurídicos.
Mientras que los militares imputados y su defensa lo hicieron desde las instalaciones del Juzgado Militar de Ejecución y Sentencias Adscrito a la Primera Región Militar con sede en la Ciudad de México.
La defensa de los siete militares de Operaciones Especiales solicitó al Juez de Control la ampliación del termino constitucional de 72 horas para aportar pruebas en favor de sus representados, siendo esta aceptada y quedando programada la continuación de la Audiencia para las miércoles 4 de octubre a las 16:15 horas.
Las víctimas de esta ejecución extrajudicial fueron identificadas como José Ángel Moreno Pool, Edgar Chavarría Rico, Jorge Antonio Colector Pineda, José Isabel Rivera Vega y Clinton Alex Blucha Pérez.
Estas personas viajaban en una camioneta tipo pick up blindada y al encontrarse con una patrulla del Ejército Mexicano intentaron escapar, chocando contra la barda perimetral de un centro comercial y siendo acorralados por dos vehículos del Ejército conducidos por elementos de Operaciones Especiales y sometidos sin oponer resistencia.
El personal del Ejército Mexicano al mando del Teniente de Infantería José Luis N esposó las manos de los detenidos, les vendaron los ojos, simularon un enfrentamiento y finalmente las víctimas fueron fusiladas, sembrándoles además armas largas, estando ya sin vida. A pesar de existir un Uso Excesivo de la Fuerza, la FGR no quiso imputar este delito al grupo de militares.
Es importante mencionar que, en la Continuación de la Audiencia, los asesores jurídicos de las familias de las víctimas solicitarán al Juez de Control, Eduardo Javier Sáenz Torres, que los 16 militares actualmente detenidos por delitos cometidos en el orden judicial sean imputados por delitos Contra la Administración de la Justicia, Encubrimiento, y Homicidio en grado de coparticipación criminal, entre otros, y no solamente los 7 que esta mañana acreditó la FGR.