A casi cuatro años de la desaparición y feminicidio de Debanhi Escobar, ocurrida en Nuevo León, el caso sigue sin una verdad judicial concluyente y se mantiene como uno de los ejemplos más visibles de la crisis en la investigación del feminicidio en México.
La falta de avances, las contradicciones oficiales y la revictimización mediática se entrelazan con un problema estructural: la justicia que tarda años, o incluso décadas, en llegar.
El mensaje de auxilio de Debanhi que nadie escuchó
Debanhi desapareció la madrugada del 8 de abril de 2022, luego de acudir a una fiesta en el área metropolitana de Monterrey. Durante 13 días, su búsqueda se desarrolló en medio de inconsistencias y omisiones.
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Finalmente, su cuerpo fue localizado dentro de una cisterna de un hotel, un espacio que, según las propias autoridades, ya había sido revisado.
Dictámenes enfrentados y una verdad fragmentada
A partir de ese momento, el caso quedó marcado por dictámenes periciales opuestos: primero se habló de una contusión profunda en el cráneo; después, de asfixia por sofocación. Dos versiones oficiales, ninguna explicación definitiva y ningún responsable procesado.
La investigación avanzó con lentitud y opacidad, mientras la atención pública se desplazó hacia el entorno de la joven. Sus amigas fueron colocadas en el centro del escrutinio social, sin que el foco se dirigiera con la misma fuerza hacia posibles agresores. A ello se sumó una cobertura mediática carente de perspectiva de género, que reforzó estigmas y abonó a la criminalización indirecta de la víctima.
Redes sociales, exposición y revictimización
El papel de las redes sociales fue determinante. La difusión masiva de videos, imágenes y, especialmente, del audio que Debanhi envió horas antes de desaparecer, amplificó el impacto del caso. En ese mensaje, la joven advertía sentirse insegura y describía un ambiente hostil. Para miles de personas, ese audio evidenció que el riesgo estaba presente y que no fue atendido oportunamente.
Este caso se inserta en un contexto legal que, en teoría, debería ofrecer mayores garantías. Desde 2015, la sentencia conocida como Mariana Lima estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio.
Además, el delito está tipificado en el Código Penal Federal desde 2012. Sin embargo, la práctica demuestra que estos criterios no siempre se aplican, o se hacen de forma tardía e incompleta.
La justicia que llega desde fuera y demasiado tarde
La historia reciente confirma que, en México, la justicia suele llegar después de largos procesos y, con frecuencia, gracias a instancias internacionales.
En 2009, el caso Campo Algodonero sentó un precedente tras el hallazgo de ocho mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. A Inés y Valentina Fernández, mujeres indígenas tlapanecas víctimas de violencia sexual por parte de militares en 2002, la resolución favorable les llegó hasta 2010.
En 2018, el caso Atenco derivó en una condena al Estado por la violencia sexual ejercida contra 11 mujeres durante los operativos policiacos de 2006.
La misma lógica se repitió en sentencias más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2025, ese tribunal reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001, y en la tortura sexual contra Ernestina Ascencio, una mujer indígena nahua agredida en 2007. En ambos casos, la justicia llegó entre 18 y 24 años después.
Una nueva ley bajo la sombra de viejas omisiones
Pese a este cúmulo de resoluciones, la propuesta de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio ha generado preocupación entre colectivas feministas, que advierten un riesgo de ignorar los aprendizajes ya documentados: la deficiente actuación de los ministerios públicos, la falta de personal capacitado y la normalización de la tardanza institucional.
Cuatro años sin Debanhi Escobar condensan una realidad más amplia. En México, alrededor de 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día y 14 más desaparecen. Mientras los expedientes se alargan y las sentencias se postergan, la deuda con las víctimas permanece abierta. Porque cuando la justicia llega tarde, deja de ser justicia.