Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre los señalamientos provenientes de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria fijó una postura firme al subrayar que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y seguir los canales legales correspondientes en territorio nacional, dejando en claro que México no actuará con base en señalamientos sin sustento.
Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos, verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, la Fiscalía General de la República (FGR) que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a Derecho bajo nuestra jurisdicción.
Relación bilateral bajo tensión
Las declaraciones se dan en un contexto delicado para la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico. La referencia al Departamento de Justicia de Estados Unidos marca un punto de tensión, al cuestionarse la forma en que se han presentado estas acusaciones.
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Sheinbaum insistió en que México es un país soberano, con instituciones capaces de llevar a cabo investigaciones sin necesidad de presiones externas, y reiteró que cualquier cooperación internacional debe darse bajo respeto mutuo.
Mensaje político: no encubrimiento, pero tampoco injerencia
Finalmente, la presidenta buscó equilibrar su mensaje al dejar claro que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que haya cometido un delito, pero también rechazó categóricamente cualquier intento de intervención extranjera. El posicionamiento refuerza una línea discursiva centrada en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que intenta mantener la credibilidad institucional frente a señalamientos internacionales.
Con este pronunciamiento, Sheinbaum coloca el tema en el terreno legal y político interno, dejando en manos de las autoridades mexicanas cualquier posible investigación, mientras envía una señal firme hacia el exterior sobre los límites de la cooperación internacional.