El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado ayer por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que involucra también a otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a los implicados de “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar narcóticos” a ese país a cambio de sobornos y apoyo político.
En respuesta, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que analizará detalladamente la solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener y extraditar a funcionarios del estado de Sinaloa, aunque adelantó que la petición actual carece de la evidencia necesaria para proceder de inmediato.
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Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya les notificó sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por autoridades estadounidenses.
Sin embargo, la FGR hizo hincapié en que, bajo las leyes mexicanas y los tratados bilaterales, una extradición solo se concede si las pruebas son suficientes.
Sobre este punto, Lara López afirmó que la solicitud actual “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
El caso enfrenta un obstáculo legal adicional en México: el fuero constitucional. Lara López explicó que, al tratarse de figuras como gobernadores y senadores, la ley mexicana exige iniciar primero un “juicio de procedencia”.
PERCIBE MOTIVOS POLÍTICOS
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados consideró que las acusaciones de EUcontra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios por cargos de narcotráfico podrían tener motivaciones “políticas”, y recalcó que la solicitud de extradición enviada por Washington no incluyó elementos de prueba sobre la presunta culpabilidad de los señalados.
RECHAZA ACUSACIONES
El gobernador Rocha Moya negó los señalamientos y afirmó que “carecen de veracidad y fundamento”.
En declaraciones públicas y redes sociales, calificó el caso como un ataque político y aseguró que demostrará su inocencia.
“Es una calumnia”, expresó, al tiempo que sostuvo que la acusación también afecta al proyecto político que representa.
RESPUESTA DEL GOBIERNO MEXICANO
*La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de los acusados; sin embargo, señaló que no se han entregado pruebas suficientes que sustenten los cargos.
*El caso ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, en medio de un contexto ya delicado en materia de seguridad y cooperación bilateral.