La investigación por el feminicidio de Carolina Flores Gómez ha generado indignación nacional luego de que se señalara que su suegra le habría quitado la vida a tiros, además de revelarse un retraso de casi 24 horas en la intervención de las autoridades tras el crimen ocurrido en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital.
Los hechos ocurrieron el 15 de abril de 2026, cuando la joven bajacaliforniana de 27 años fue asesinada dentro de un departamento ubicado en la colonia Polanco III Sección, en la Ciudad de México. Carolina, originaria de Ensenada y ex Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida con heridas de arma de fuego en la cabeza en un inmueble situado en el cruce de las calles Luis González Urbina y Avenida Edgar Allan Poe.
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Personas allegadas al caso denunciaron las omisiones de las autoridades. Aunque el ataque ocurrió el miércoles, el reporte oficial se realizó hasta el jueves 16 de abril. Fue hasta entonces cuando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para recabar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo, situación que ha sido duramente cuestionada por familiares y colectivos.
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También existen versiones contradictorias sobre la mecánica del crimen. Mientras algunos informes iniciales hablan de un solo disparo, otras líneas de investigación mencionan múltiples impactos de bala. A ello se suma el testimonio del personal de seguridad del edificio, quienes afirmaron no haber escuchado detonaciones ni ruidos fuera de lo común.
Las indagatorias se concentran en el círculo cercano de la víctima. De acuerdo con los primeros señalamientos, Alejandro, esposo de Carolina, responsabilizó directamente a su madre, Erika María, de haber disparado contra la joven. No obstante, familiares y organizaciones civiles consideran que el contexto debe analizarse de manera integral.
Colectivos feministas exigen que el caso sea investigado bajo el protocolo de feminicidio, al tratarse de un asesinato cometido en el ámbito doméstico. Desde Baja California, el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como diversas instituciones educativas, han expresado su condena y demandan justicia pronta, transparente y sin impunidad.