Un evento escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán desató una fuerte polémica luego de que estudiantes realizaran una presentación que incluyó armas falsas, vestimenta táctica y referencias directas a la violencia que ha marcado a la entidad en los últimos años.
El video, difundido en redes sociales, muestra a un grupo de alumnos y alumnas vestidos con pantalones tipo camuflaje, playeras rojas y chalecos antibalas. Con el rostro cubierto, los jóvenes portaban réplicas de armas largas, simulando una escena que rápidamente fue interpretada por muchos como una representación ligada al crimen organizado.
Encapuchados, armados y frente a todos… el acto escolar que nadie esperaba
Durante la coreografía, los estudiantes no solo realizaron movimientos coordinados apuntando al público, sino que además incorporaron elementos visuales que intensificaron la controversia. En un momento clave, aparecieron imágenes de varios alcaldes michoacanos que fueron asesinados en distintos hechos violentos.
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Entre los nombres mostrados se encontraban Enrique Velázquez Orozco, presidente municipal de Contepec; César Arturo Valencia Caballero, alcalde de Aguililla; Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija; Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro; y Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.
Las imágenes que encendieron la indignación… y llevaron el acto a otro nivel
El performance concluyó con la reproducción de un fragmento del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que generó aún más debate sobre el mensaje que intentaban transmitir los estudiantes.
Para algunos, se trató de una crítica social o una representación artística del contexto de violencia; para otros, el acto cruzó una línea delicada al incluir símbolos que podrían interpretarse como una normalización o incluso apología del delito.
¿Expresión artística o mensaje peligroso?
Ante la polémica, el Cobaem emitió un comunicado oficial en el que rechazó cualquier manifestación que pudiera interpretarse como apología del delito. No obstante, también reconoció la libertad de expresión de los estudiantes y el acompañamiento de los docentes en este tipo de actividades.
La institución hizo un llamado a la comunidad educativa a priorizar contenidos que promuevan valores positivos y evitar aquellos que puedan ser percibidos como una aceptación de la violencia, especialmente en un contexto social complejo. El caso ha puesto sobre la mesa una discusión más amplia sobre el papel de las escuelas en contextos marcados por la inseguridad.