Tras el rechazo de la primera iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso el denominado "Plan B", una propuesta que busca retomar el objetivo central de la transformación: reducir privilegios en el sistema político y destinar más recursos a obras públicas.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de presentar los puntos medulares de esta iniciativa, que surge luego de intensas negociaciones con los partidos aliados (PT y PVEM) para mantener la coalición oficialista sin fracturas.
Los 5 ejes del Plan B
De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gobernación y la propia presidenta Sheinbaum, el Plan B se estructura en cinco ejes fundamentales:
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1. Reducción de privilegios en congresos locales
La iniciativa propone disminuir el gasto en los 32 congresos estatales mediante:
Reducción de legisladores: Se ajustará el número de diputados locales, con un límite del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad destinado a los congresos.
Austeridad legislativa: Los ahorros generados por esta reducción serán destinados directamente a obras de infraestructura pública en los propios estados y municipios.
2. Reducción de privilegios en municipios
En el ámbito municipal, la propuesta contempla:
Ajuste en regidurías: Se reducirá el número de regidores en un rango de 7 hasta 15 por ayuntamiento, dependiendo del tamaño del municipio.
Recursos a obra pública: Los recursos liberados por esta disminución se canalizarán a proyectos comunitarios y servicios básicos.
3. Límite salarial a funcionarios electorales
Un punto clave es la homologación salarial:
Nadie gana más que la presidenta: Funcionarios del INE, tribunales electorales y organismos públicos locales no podrán tener ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal.
Eliminación de privilegios: Se quedarán sin efecto bonos especiales, seguros de gastos médicos mayores extraordinarios y otros ingresos adicionales que actualmente perciben altos funcionarios electorales.
4. Revocación de mandato
La propuesta modifica el artículo 35 constitucional para:
Adelantar la consulta: La revocación de mandato se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028.
Empalme con elecciones: La intención es que coincida con las elecciones federales de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas.
5. Fortalecimiento de la consulta popular
El último eje busca ampliar los mecanismos de participación ciudadana:
Eliminación de candados: Se reformará el artículo 35 para permitir que temas electorales puedan ser sometidos a consulta popular, algo actualmente prohibido.
Reducción de financiamiento a partidos: Sheinbaum ha insistido en que la ciudadanía pueda decidir, mediante consulta, si se disminuye el dinero público destinado a los partidos políticos.
Reformas a leyes secundarias
El Plan B implica modificaciones a diversas disposiciones legales:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Se reformarán los artículos: 31, 99, 104, 116, 192 y 310
Ley de Partidos Políticos
Se modificarán los artículos: 30, 50, 51, 54 y 55
Las adecuaciones buscan armonizar el marco legal con los nuevos principios de austeridad y participación ciudadana.
Ahorro estimado: 4 mil millones de pesos
De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación del Plan B permitiría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos.
Estos recursos serán destinados directamente a:
Obras de infraestructura en municipios
Servicios públicos en las entidades federativas
Proyectos comunitarios gestionados por los propios ayuntamientos
Contexto político: Negociaciones para mantener la coalición
El Plan B llega al Congreso luego de que la primera iniciativa de reforma electoral (con 10 ejes) fuera rechazada el pasado 11 de marzo, al no contar con los votos necesarios de los partidos aliados PT y PVEM.
La presidenta Sheinbaum convocó de inmediato a una reunión en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios y dirigentes de los tres partidos (Morena, PT y PVEM), instruyéndoles a encontrar una ruta para respaldar la nueva propuesta sin fisuras.
Las negociaciones se desarrollaron durante cuatro días en la Secretaría de Gobernación, encabezadas por Rosa Icela Rodríguez, y concluyeron el domingo 15 de marzo con un mensaje conjunto en el que las dirigencias partidistas se comprometieron a respaldar el Plan B.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, celebró el acuerdo: "Esto demuestra que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe hacer política y que la coalición parlamentaria MORENA-PT-PVEM se sostiene".
Lo que se quedó fuera: Las reformas que no lograron consenso
A pesar del acuerdo alcanzado, la presidenta Sheinbaum reconoció que el Plan B es una versión "mínima" de lo que originalmente buscaba, y que muchos temas quedarán pendientes para futuras discusiones.
Entre los puntos que no lograron consenso y fueron excluidos destacan:
- Reducción de 32 senadurías plurinominales
- Modificación en la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional
- Reducción del 25% en el financiamiento público a partidos (aunque se buscará someterlo a consulta)
- Regulación del uso de inteligencia artificial en campañas políticas
- Voto de mexicanos en el extranjero para elegir diputados
- Prohibición del nepotismo en cargos de elección popular
"Nosotros vamos a seguir insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios a los partidos políticos y la elección de todos los diputados. Eso es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero no quitamos el dedo del renglón", declaró Sheinbaum.
Los retos de los congresos locales
Especialistas consultados por La Jornada advierten que la reducción de costos debe ir acompañada de un fortalecimiento en la calidad legislativa. Adán Córdova Trujillo, investigador en temas de transparencia, señaló que actualmente el costo promedio anual por legislador local es de 13.7 millones de pesos, con variaciones significativas entre entidades.
"La discusión se ha centrado en el número de legisladores y el gasto que generan, pero la exigencia principal debería ser la calidad de los productos legislativos que aprueban, la garantía del equilibrio entre poderes y de una efectiva fiscalización" , advirtió el especialista.
Calendario legislativo
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen. Se espera que sea discutida en el pleno en los próximos días.
A pesar de las diferencias, la presidenta Sheinbaum se mostró confiada en la aprobación, aunque también realista: "Yo espero que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada", declaró en su conferencia matutina.