El derrumbe de un edificio en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, volvió a poner en el centro del debate la seguridad en las obras de demolición y la responsabilidad de las empresas encargadas de estos trabajos. El inmueble, que había resultado dañado por los sismos de 1985 y 2017, se encontraba en proceso de demolición cuando tres de sus niveles colapsaron mientras decenas de trabajadores laboraban en el lugar.
El accidente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, incluidos elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos. De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 57 trabajadores se encontraban en el sitio; 53 lograron salir por sus propios medios, mientras que varios quedaron atrapados entre los escombros.
DeMet: quién es la empresa que tenía permiso para demoler el edificio colapsado en San Antonio Abad y por qué es polémica
La empresa encargada de realizar la demolición del inmueble era Desarrolladora Metropolitana (DeMet), firma que obtuvo contratos relacionados con la intervención de edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la capital del país.
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La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó que la empresa estaba a cargo de los trabajos en el edificio que colapsó. Sin embargo, el nombre de la compañía volvió a generar polémica debido a denuncias previas registradas en años anteriores.
De acuerdo con información recopilada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), DeMet encabezó en distintos periodos listas de inmobiliarias con mayor número de quejas por parte de consumidores. Varias de estas denuncias datan de los años 2000 y están relacionadas con desarrollos de vivienda de interés social en la Ciudad de México y su zona metropolitana.
Entre los testimonios documentados se encuentra el de una persona que en 2003 intentó adquirir un departamento en el complejo habitacional Torres del Toreo. Según su denuncia, la empresa le aseguró que gestionaría un crédito ante el Infonavit, pero finalmente el financiamiento no se concretó en las condiciones prometidas.
Otros casos señalan pagos adicionales por estacionamientos que nunca fueron entregados o depósitos para viviendas que posteriormente no se concretaron. Estas situaciones han generado cuestionamientos sobre por qué la empresa continuó operando y obteniendo contratos para trabajos de reconstrucción o demolición.
De 1985 a 2026: la línea del tiempo de un edificio que tardó 8 años en empezar a demolerse
El inmueble que se desplomó tenía una historia marcada por daños estructurales que se remontan a varias décadas. Según explicó la secretaria Myriam Urzúa, el edificio ya presentaba afectaciones desde el terremoto de 1985, aunque continuó en funcionamiento durante años posteriores. Con el paso del tiempo, su deterioro estructural fue aumentando.
La situación se agravó tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, que provocó daños adicionales en la construcción. A partir de ese momento se planteó la necesidad de demoler el edificio para evitar riesgos mayores. Sin embargo, el proceso se prolongó durante años. Fue hasta octubre de 2025 cuando el propietario del inmueble ingresó formalmente los trámites necesarios para iniciar la demolición.
Posteriormente, en noviembre de 2025, las autoridades capitalinas otorgaron permisos y facilidades administrativas para realizar los trabajos. Finalmente, en marzo de 2026, mientras se desarrollaban las labores de demolición, parte de la estructura colapsó.
¿Quién paga los daños? Los cuatro responsables legales del derrumbe en San Antonio Abad
Tras el accidente, diversas autoridades comenzaron a analizar quiénes podrían ser responsables legales del colapso. De acuerdo con especialistas en construcción y normativas urbanas, existen al menos cuatro posibles responsables en este tipo de incidentes.
El primero es el propietario del inmueble, quien tiene la obligación de garantizar que los trabajos se realicen con empresas certificadas y bajo condiciones seguras. El segundo actor es la empresa encargada de la demolición, en este caso DeMet, responsable de ejecutar los trabajos y aplicar protocolos de seguridad en la obra.
El tercer responsable puede ser el director responsable de obra o supervisor técnico, figura que debe validar que las labores se desarrollen conforme a normas estructurales y de seguridad. Finalmente, también se revisa la actuación de las autoridades que otorgaron permisos, quienes deben verificar que las empresas y proyectos cumplan con los requisitos establecidos.
Ángel Miranda, el sobreviviente: operador de maquinaria que no sabía si tenía seguro médico
Entre los trabajadores afectados por el colapso se encuentra Ángel Miranda, un operador de maquinaria de aproximadamente 40 años que fue rescatado con vida de entre los escombros. Tras ser localizado por los equipos de emergencia, fue trasladado al Hospital Rubén Leñero, donde fue atendido por fuertes dolores en la cabeza y en el cuerpo derivados del accidente.
Familiares del trabajador señalaron que Miranda llevaba cerca de un año laborando en la obra como operador de maquinaria pesada. Sin embargo, su familia declaró a medios que desconocían si contaba con seguro médico o cobertura laboral.
Originario de Iztapalapa, Ángel Miranda es padre de cuatro hijos. Su caso se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de muchos trabajadores de la construcción que, pese a participar en obras de alto riesgo, en ocasiones desconocen sus derechos laborales o las condiciones de su contratación.
Mientras continúan las investigaciones sobre el derrumbe, el caso de San Antonio Abad no solo deja preguntas sobre responsabilidades empresariales y gubernamentales, sino también sobre la protección y seguridad de quienes realizan los trabajos más peligrosos en las ciudades.