Casi la mitad de los cartuchos de calibre .50 de alta potencia que las autoridades mexicanas han incautado a los cárteles desde 2012. fueron rastreados hasta una fábrica de municiones en las afueras de Kansas City, Misuri, que es propiedad del Gobierno de Estados Unidos, dijo ayer el secretario de Defensa de México, General Ricardo Trevilla Trejo.
La fábrica, Lake City Army Ammunition Plant, es el mayor fabricante de cartuchos de rifle utilizados por el ejército estadounidense. El secretario de Defensa de México dijo que se habían incautado unos 137,000 cartuchos de calibre 50 desde 2012.
De ellos, el 47 por ciento procedían de Lake City y se vendían en armerías del sur de Estados Unidos. La revelación se produjo en respuesta a la pregunta de un reportero sobre una reciente investigación conjunta de The New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) que expuso cómo la munición de Lake City —que también ha sido usada en tiroteos masivos en Estados Unidos— se ha convertido en un elemento básico para los grupos del crimen organizado en México.
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El General Trevilla Trejo también mencionó que desde octubre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia, las autoridades mexicanas habían incautado 18,000 armas de fuego, de las que casi el 80 por ciento procedían de EU.
Entre las armas más destructivas incautadas, refirió, había fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas, lanzacohetes y ametralladoras de diversos calibres.
La investigación descubrió, de hecho, que los cartuchos de calibre .50 fabricados en Lake City no estaban restringidos al ejército estadounidense.
Este ha permitido a los contratistas privados que operan en la planta de Lake City, vender munición a distribuidores, revendedores y tiendas minoristas, lo que en la práctica los pone a disposición del mercado civil.
Al menos 16 minoristas en línea han vendido munición de bala perforante fabricada en Lake City o con componentes de la planta, según un recuento realizado por el ICIJ y el Times.
“La ironía es justamente que el Gobierno mexicano y el estadounidense quieren lo mismo: reducir las muertes causadas por los cárteles. Pero en la medida en que estos grupos criminales tienen esta facilidad de acceder a este tipo de calibres y de armamento, es como si les estuvieran subsidiando la generación de esta violencia”, precisó Cecilia Farfán Méndez, directora del Observatorio de América del Norte del Global Initiative Against Transnational Organized Crime