La violencia en Colima volvió a poner en evidencia la inseguridad que afecta al estado tras el presunto asesinato de dos familiares cercanas del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, figura destacada del partido Morena. Las víctimas, identificadas como María Eugenia “Geña” Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, fueron atacadas mientras descansaban en su domicilio durante la madrugada del sábado, según reportes de medios locales.
El hecho fue dado a conocer por Felipe Delgado Carrillo, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a través de sus redes sociales, confirmando que ambas mujeres se suman a la larga lista de víctimas de violencia en el estado, marcado por la presencia del crimen organizado y los altos índices delictivos.
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Fueron presuntamente asesinadas en su domicilio en Colima
De acuerdo con declaraciones de familiares, las mujeres habían denunciado previamente la inseguridad en la colonia Placetas, donde residían. Según el testimonio del hermano del secretario, María Eugenia y su hija habían reportado acoso constante por parte de grupos de drogadictos, sin que las autoridades locales implementaran medidas de protección o reforzaran la vigilancia en la zona.
El ataque, perpetrado por un grupo armado que irrumpió en el domicilio, pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la violencia que se ha intensificado en distintas regiones de México. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente los hechos ni han proporcionado información sobre los responsables o el móvil del presunto crimen.
El presunto asesinato evidencia la inseguridad en Colima
Organismos de seguridad y especialistas en criminología han reiterado que hechos como este evidencian la necesidad de políticas más efectivas para garantizar la integridad de los ciudadanos y combatir el crimen organizado de manera efectiva.
El presunto asesinato de María Eugenia y Sheila Delgado no solo resalta la inseguridad en Colima, sino también la falta de respuesta de las autoridades locales frente a situaciones de riesgo previamente denunciadas, lo que intensifica el debate sobre la eficacia de los protocolos de protección ciudadana en México.