El anuncio más reciente sobre el salario mínimo ha encendido el interés de millones de trabajadores mexicanos, especialmente en la zona libre de la frontera norte, donde los ajustes salariales suelen marcar diferencias significativas en el poder adquisitivo. Tras la declaración inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un nuevo aumento, la expectativa se centró en conocer el monto preciso y sus implicaciones.
Fue durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional cuando Marath Bolaños, secretario del Trabajo, confirmó que el salario mínimo en la frontera norte tendrá un incremento del 5%, reflejando así un nuevo avance en la política de recuperación salarial que el Gobierno asegura haber sostenido en los últimos años. Este aumento, dijo, forma parte del compromiso de que el salario mínimo se acerque de manera progresiva a lo suficiente para cubrir 2.5 canastas básicas, una meta que se ha planteado como guía de bienestar económico.
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Con el ajuste, el salario mínimo diario pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos, cifra que, trasladada al cálculo mensual, equivale a 13,409.80 pesos. Este nuevo monto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, impactando a trabajadores del comercio, industria, servicios y otros sectores que dependen directamente de este parámetro salarial.
El incremento, aunque moderado, es visto por algunos especialistas como un paso más hacia la recuperación del poder adquisitivo perdido durante décadas. Sin embargo, también abre el debate sobre el equilibrio entre el bienestar laboral y los desafíos económicos que representan para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en una región donde el costo de vida es más elevado y la competencia comercial con Estados Unidos es constante.
En contraste, algunos empresarios advierten que los ajustes salariales deben ir acompañados de políticas de apoyo y estímulos fiscales para evitar impactos negativos en la contratación y operación de negocios.
A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor, el aumento ya es tema de conversación en hogares y centros de trabajo de ciudades como Tijuana, Mexicali, Reynosa y Nuevo Laredo, donde el salario mínimo tiene un peso determinante en la economía local. Con este ajuste, el Gobierno sostiene que continúa avanzando hacia un país con salarios más justos, mientras la población espera que realmente se refleje en su calidad de vida.