El partido Morena en Tamaulipas y sus aliados preparan una agenda legislativa local para reformar o derogar leyes aprobadas durante la administración del exgobernador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca, como las que fueron aprobadas al final de su administración para darle vigilancia extraordinaria a él y sus principales colaboradores, de acuerdo con información proporcionada por el diputado morenista Humberto Prieto Herrera.
El diputado local, quien también preside la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dijo a medios estatales, como Muro Político, que ahora que pasaron las elecciones, el partido Morena y aliados tendrán la mayoría calificada que permitiría hacer modificaciones que se realizaron al final del gobierno del panista, como medidas de blindaje político.
“Tendremos muchas leyes que quitar, candados que hicieron los del PAN y la administración pasada; de muy mala manera pusieron muchas leyes que han provocado que muchas cosas se detengan. Es mucho dinero que se está invirtiendo en seguridad (para exfuncionarios), cuando la seguridad la necesitamos para los ciudadanos, no para funcionarios.
“Ellos cambiaron las leyes. Se hizo con mayoría calificada con 24 votos que no pudimos en esa legislatura, pero es probable que se revierta en esta próxima legislatura”, precisó.
“Vamos a destrabar todas esas leyes. El gobernador está con esto. Va a tener mucha mayor maniobra en su gobierno”, añadió Prieto Herrera.
Por su parte, la diputada Ursula Salazar, de Morena, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las reformas realizadas por el PAN, publicadas el 15 de junio de 2022.
Cancelan contrato ‘leonino’ dejado por Cabeza de Vaca
El Gobierno de Tamaulipas cancelará un contrato considerado como leonino por la actual administración y realizado durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
Isidro Vargas, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso estatal, aseguró que luego de un análisis, encontraron irregularidades en el contrato entregado a una empresa privada por 67 millones de pesos mensuales durante un periodo de seis años, para colocar videocámaras de vigilancia.
“Era un contrato leonino, un contrato que fue lesivo porque comprometió recursos hasta el 2025 por 67 millones de pesos mensuales que se pagaban por el tema de la seguridad y videovigilancia, y pagar durante seis años”, aseguró el legislador a medios locales.
En una iniciativa, se explica que el contrato con la empresa privada Tres 10, S.A. de C.V., fue autorizado por la anterior administración y garantizaron el pago con las participaciones federales. El contrato representó un importe neto de $4,058,456,110.76 (cuatro mil cincuenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento diez pesos).