Con la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo que prohíbe las suspensiones con efectos generales contra leyes. Es decir, para que los jueces no detengan obras o normas de forma cautelar.
Con 69 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, el ajuste se dio en los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que limita a los juzgadores conceder suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales cuando conozcan de amparos contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o los Congresos estatales.
En el dictamen avalado se destaca que se trata de una medida que permitirá garantizar “el respeto irrestricto a la separación de poderes” y, fundamentalmente, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
Los legisladores de Morena cuestionaron a jueces por frenar obras polémicas como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica, ante juicios de amparo que han presentado agrupaciones de ambientalistas, indígenas y empresarios.
La reforma, precisó el Senado de la República en un comunicado, adiciona un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de dicho ordenamiento para eliminar el amparo, “en aquellos casos que excepcionalmente concedía la suspensión, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pudiera causarse mayor afectación al interés social”.
Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la aprobación de este producto legislativo refrenda el compromiso de que las leyes reglamentarias estén acorde con la Constitución.
“No estamos afectando derechos, ni haciendo una regresión en las garantías”, sostuvo.
Por Morena, Ricardo Monreal Ávila aseveró que esta reforma tiene el objetivo de evitar “el abuso de la dictadura de la toga”, que, según su opinión, genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad al que deben estar sujetos.
AMLO ha acusado en reiteradas ocasiones a los jueces de ser “corruptos” y “trabajar para la oligarquía” por suspender sus reformas legales y obras públicas al analizar o conceder amparos.