El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue favorecido por la resolución de un juez federal de Tamaulipas, que lo libera de la orden de arresto en su contra por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada y que en anteriores procesos también dictaminó a su favor.
Faustino Gutiérrez, juez del Octavo Distrito de Tamaulipas, resolvió a favor de Cabeza de Vaca, como en anteriores ocasiones.
Te podría interesar
En este caso le concedió un amparo contra órdenes de aprehensión en su contra, alegando violación al debido proceso. De acuerdo con el expediente 2477/2022-2 se sobresee en el juicio de amparo.
El exgobernador tamaulipeco dejó el cargo el 31 de septiembre del 2022, luego de que enfrentó un proceso de desafuero.
El Mañana publicó desde el 14 de octubre del 2022 que el magistrado es quien en el pasado otorgó la misma medida por la suspensión de sus cuentas bancarias y la anterior orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca.
La Jornada, también señalan los antecedentes del juez y sus resoluciones que favorecieron a Cabeza de Vaca.
“El mismo Faustino Gutiérrez concedió suspensiones provisionales y definitivas al senador Ismael García Cabeza de Vaca, a la esposa de Francisco García, Mariana Gómez Leal, al empresario Baltazar Higinio “N”., al igual que a las empresas Inmobiliaria RC Tamaulipas, Barca de Reynosa y T Seis Doce”, detalló el medio.
FGR impugnará decisión de juez
Luego de que un juez de Control ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que impugnará la determinación.
Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, concedió un amparo que ordena anular el mandamiento de captura librado el 4 de octubre pasado por Iván Zeferín Hernández, entonces juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
“El propósito de combatir los delitos cometidos por altos funcionarios bajo esquemas que, además de constituir actos de corrupción, implican la comisión de ilícitos penales, se ve afectado cuando se producen determinaciones judiciales que atentan contra el derecho y contra una recta administración de justicia.
“Ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que, se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió”, consideró la FGR.