CIUDAD DE MÉXICO.- La demanda civil que interpuso el gobierno de México contra Genaro García Luna, en Florida, Estados Unidos, por “hurto” al erario mexicano de 745.9 millones de dólares también implica a la esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Linda Cristina Pereyra, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wanciert Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, que los mantiene en la lista de personas bloqueadas.
El monto aún se analiza por lo que podría aumentar; lo ya contabilizado hasta el momento tuvo un manejo que se hizo mediante un conglomerado empresarial familiar en el que contemplan una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción y que consiguieron 40 contratos y el dinero que cobraban e inmediatamente se lo llevaban al extranjero “a ciencia y paciencia de las autoridades de entonces, quiero decirlo porque así fue”, dijo Gómez.
“El gobierno de México ha bloqueado en el caso de García Luna solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países del Caribe, principalmente Barbados, donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.
El funcionario explicó que las y los señalados no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, pero lo usaron para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con dependencias públicas de México.
“Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello tejió una red de corrupción y de lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, refirió.
Acusó que el dinero transferido fuera del país se hizo con mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como otros activos en territorio norteamericano en Florida.
El actual gobierno por conducto de la UIF identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos, con lo que lograron la inclusión de los presuntos implicados en la lista de personas bloqueadas.