Las deudas del exfiscal general Jesús Murillo Karam con la justicia están lejos de saldarse. El que fuera titular de la ex Procuraduría General de la República entre 2012 y 2015, durante la Administración del priista Enrique Peña Nieto, tiene procesos judiciales abiertos en su contra por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
A la par de los asuntos por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, la Fiscalía, que encabeza Alejandro Gertz, ha armado nueve expedientes en contra de antiguos colaboradores de Murillo Karam por malos manejos de recursos públicos que ocasionaron un daño al erario por 3 mil 290 millones de pesos (unos 187 millones de dólares), de acuerdo con un informe interno al que tuvo acceso El País.
Aunque en ninguno de esos casos por corrupción está directamente denunciado Murillo Karam, la Fiscalía ha tendido un cerco en torno a su círculo más cercano, empezando por quien fuera su oficial mayor en la PGR, Judith Aracely Gómez Molano.
En total, 12 exfuncionarios han sido denunciados por posible desvío de recursos, compras de bienes a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para beneficiar a empresas favoritas. Casi todos los denunciados han sido vinculados a proceso, es decir, el juez encontró elementos convincentes de los delitos que les carga la Fiscalía y están a la espera de sentencias, de acuerdo con el informe consultado por este periódico.
Entre los acusados en estos expedientes por corrupción también se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en las causas sobre el caso Ayotzinapa.
Los otros colaboradores de Murillo Karam denunciados por corrupción son Vidal Diazleal Ochoa, que fue director de la Policía Federal Ministerial; el capitán César Gustavo Ramírez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones; José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos; el capitán Humberto Ántimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional; Débora Schlam Epelstein, exdirectora de Programación y Presupuesto (y hoy funcionaria en la Secretaría de Economía); Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales; Rigoberto Gabino García Ocampo, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas; José Luis Gutiérrez Ayala y Zacarías Conzuelo Reza, ambos exdirectores en la Oficina del Procurador, y Daniel Piña Romo, exdirector en la Oficialía Mayor.
Las investigaciones que siguen la ruta del dinero están a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos, que en la Administración de Andrés Manuel López Obrador emprendió una fuerte estrategia para intentar recuperar una suma millonaria de recursos desaparecidos o malversados en la gestión de Murillo Karam.
Uno de los expedientes más llamativos indaga el desvío de 620 millones de pesos mediante salidas de dinero, supuestamente, para pagar viáticos a testigos protegidos y a agentes encubiertos como parte de la “Operación Escudo”, un sigiloso programa de combate al crimen organizado, según el reporte revisado.
La Fiscalía señala que no existe evidencia que las salidas de recursos estuviesen relacionadas con alguna investigación criminal.
Con información de El País.