La SCNJ (Suprema Corte de Justicia de la Nación) declaró como invalidas las modificaciones con las que la Norma Oficial Mexicana en relación a la violencia contra las mujeres en los marcos familiares y sexuales, con estas se establece que las menores de edad con 12 años cumplidos tienen el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo cuando son víctimas de abuso sexual.
Fue durante la sesión pública del día de hoy martes 24 de mayo, en donde por mayoría de votos, el Pleno de máximo tribunal de la República Mexicana, reconoció la invalidez de los puntos 6.4.2.7 en donde se trata el tema del aborto por violación de la NOM-190-SSA1- 1999, prestación de servicios de salud, que se modificó para quedar como NOM-046-SSA2-2005, en donde se estipulan los temas referentes a Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.
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Proteger el desarrollo de niñas y adolescentes
"En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de atención médica, deben prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud, por escrito bajo protesta de decir verdad, y tratándose de personas menores de 12 años de edad, a solicitud de su padre, madre o tutor, sin que el personal de salud esté obligado a verificar su dicho".
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó como un elemento de vital importancia a estas medidas, pues solo de esa manera se puede tutelar los derechos de las niñas y adolescentes que han sido víctimas de violación, asegurando que el no permitir el aborto en estos casos es dar paso a "una crueldad inimaginable".
"Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término del embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género", expuso.
Además afirma que el derecho a tener la decisión de ser una madre forma de mejorar la calidad de vida y desarrollo de la personalidad de los menores, tanto para las víctimas de agresión como también para evitar mala calidad de vida en las personas nacientes.
"En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores, aquí la transgresión a sus derechos es más grave, no sólo por su calidad de víctimas sino por cuestión de su edad que obliga a analizar la cuestión desde la perspectiva del interés superior de las personas menores de edad", enfatizó.