CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones civiles denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La comunicación a la CPI fue enviada en diciembre pasado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) e Idheas Litigio Estratégico, en conjunto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, por hechos ocurridos entre 2006 y 2018.
Las organizaciones analizaron 197 casos de tortura cometidos por el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 166 recomendaciones.
Graciela Rodríguez Manzo, directora ejecutiva de la CMDPDH, explicó que tras analizar los casos encontraron que los crímenes fueron perpetrados de manera sistemática y generalizada en esos años.
“En el caso de México, existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad, en el marco de la política del Estado conocida como la guerra contra las drogas”, dijo.
Rodríguez aseguró que la tortura fue usada, al menos en ese periodo, como un método de investigación que sustituyó el debido proceso.
“Los casos documentados en la comunicación muestras ataques masivos y recurrentes, llevados a cabo de manera colectiva en contra de civiles, en un amplio ámbito geográfico del territorio nacional, y son coincidentes con el despliegue de las Fuerzas Armadas para instrumentar la política de seguridad”, afirmó.
“El involucramiento a gran escala de las autoridades perpetradoras respondió así a una política de Estado y su actuación fue ordenada, tolerada y propiciada por los más altos mandos, ante la necesidad de mostrar resultados de la estrategia de seguridad”.
Las organizaciones identificaron tres tipos de tortura: la física, que se da por golpes, descargas eléctricas, asfixia, ahogamiento; la sexual, referente a tocamientos, desnudez y descargas eléctricas en genitales; y la psicológica, realizada con amenazas, humillaciones e insultos verbales. Los casos analizados involucran a 642 víctimas de 26 de 32 estados de la República. (Agencias)