A una semana de la tragedia en la mina carbonífera de Múzquiz, en el complejo Micarán, comunidad de Rancherías, en Coahuila, la fiscalía General del estado comenzó las indagaciones por negligencia.
Fue alrededor de las 9 de la noche de aquel 4 de junio, cuando el fiscal Gerardo Márquez Guevara confirmó el rescate del último cuerpo en la mina.
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Agradeció la presencia de los representantes de la empresa minera, quienes se harían cargo de los gastos funerarios, por lo que la fiscalía tan solo se hizo cargo del levantamiento y rescate de los cuerpos, además de la colindancia topográfica del área.
Refirió Marquez, que el percance ocurrió luego de una serie de lluvia intensas en la región, que inundaron los tajos adyacentes a las minas, por lo que las investigaciones deben realizarse en torno a negligencia por parte de la minera.
Bajo este contexto, el fiscal expuso la necesidad de cuidar las labores de supervisión de todas las minas.
Indicó que, de encontrarse omisión en el caso, los delitos a los que ascendería la empresa serían de homicidio culposo, o si se acredita un acto de la naturaleza se levantaría cualquier responsabilidad.
También investigarán las condiciones en la que los trabajadores laboraban en las minas. De encontrarse irregularidades en esa forma, se aplicaría una sanción u otra multa.
Se prevee que este viernes sean lo servicios funerarios del séptimo minero rescatado de la mina.
Las condiciones de trabajo de los mineros
La organización Pasta de Conchos, una asociación fundada luego de la mayor tragedia minera del país, ha denunciado las condiciones deplorables en la que los mineros trabajaban en este percance.
Este miércoles, la activista Cristina Auerbach, lider de la organización, indicó haber tenido contacto días anteriores con uno de los mineros que sucumbió en el accidente, buscando ayuda de su parte para denunciar las condiciones miserables en las que trabajaban los mineros.
"Es desquiciante que les hayamos entregado todo para evitar una desgracia como esta y no nos hayan hecho caso, les enviamos una carta y fotografías de las condiciones de la mina. Esta es la peor minería".
La activista explica que un minero llega a cobrar hasta 150 pesos diarios por tan peligroso trabajo. Al morir, la familia de la víctima es acreedora a una pensión del 70% de lo que llegó a ganar en vida el minero, alrededor de 2 mil pesos tan solo.
“¿Quién vive con eso? Nadie”, denuncia Auerbach.
La mina es propiedad de la empresa Micarán, del empresario Eduardo Morales, la que ya había sido denunciada por carecer de seguridad, clausurada en octubre de 2020, y reaperturada unos meses después.
Así, la tragedia de Múzquiz continua viva para la familia de los mineros, quienes probablemente hayan muerto por negligencia de la empresa minera. JGR