Después de la reunión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la mayoría decidió a favor de que se elimine el fuero al Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
El siguiente paso del proceso es la votación del pleno del Congreso, que será el próximo viernes 30 de abril.
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Desde la tarde de hoy miércoles, se dieron por recibidos los alegatos de las partes involucradas, tanto de la defensa del Gobernador Cabeza de Vaca, como del Fiscal, Alejandro Gertz Manero.
Los miembros de la Comisión Instructora, Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez Lucero, junto a Maricarmen Bernal Martínez del PT y Claudia Pastor Badilla discutieron durante el transcurso de la tarde en qué sentido propondrían el dictamen al pleno de la cámara.
Una vez recibido el dictamen, la presidenta de la Cámara de Diputados, según el proceso del juicio de procedencia anunciará que debe erigirse en Jurado de Procedencia.
Se dará vista al inculpado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas y a su defensor, así como al denunciante el Fiscal Gertz Manero, al querellante o al Ministerio Público.
Si la Cámara declara que se puede proceder contra el inculpado, éste quedará separado del cargo y sujeto a lo que marquen los tribunales competentes.
Parte de la investigación de la Fiscalía está basada en la denuncia realizada por el senador Alejandro Rojas Díaz Durán.
Por su parte, el legislador Rojas Díaz Durán amplió su declaración e incluyó datos sobre otras 12 propiedades que, asegura el senador, pertenecen a Javier García Cabeza de Vaca y su familia.
De acuerdo al documento que presentó, las propiedades tienen un valor en el mercado en más de 895 millones de pesos.
Días después de la presentación de Alejandro Rojas Díaz Durán, la Unidad de Inteligencia Financiera se presentó a la Fiscalía para ampliar la denuncia y aportar más información.
Ese día, Santiago Nieto, titular de la unidad, publicó en su cuenta de Twitter:
“Como resultado de la recepción de nuevos datos sobre el caso, provenientes incluso de Tamaulipas, la UIF amplió la denuncia”, El funcionario ha explicado además que dos compañías investigadas están relacionadas al Cartel de Sinaloa.
Los delitos de Cabeza de Vaca
- La Fiscalía General de la República acusa a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
- Entre las acusaciones en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, destaca la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada después de la denuncia de Emilio Lozoya, el 11 de agosto del 2020. El exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonariass cantidades para aprobar la reforma energética, un asunto derivado del caso Odebrecht. Además, Lozaya indicó que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.
Acusaciones al gobernador panista
- Otra denuncia en contra del gobernador panista es por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos refirieron, que en diciembre del 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
La UIF amplÍa denuncias contra Cabeza de Vaca
- Los señalamientos de la UIF indican que le detectaron la adquisición y posterior venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, que habría sido adquirido por una empresa “fantasma” propiedad de un socio del mandatario panista.
- Además, a través de socios y familiares detectaron diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen y Edimburgo, Texas, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos.
- Señalan que en uno de los ranchos adquiridos por el inculpado a través de “posibles actos de simulación” en lo que se refiere al precio real de los inmuebles, se pretende construir un parque eólico con una empresa de capital español que fue sancionada por participar en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, y que fue vetada en Bolivia.