Una jueza federal en Estados Unidos autorizó la extradición de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua y preso en Estados Unidos, para que enfrente los cargos de conspiración y malversación de fondos.
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Estos delitos pesan sobre él en territorio mexicano.
Extradición de César Duarte es un hecho
Un documento de la corte federal del Distrito Sur de Florida detalla que luego de una revisión a detalle de las pruebas de la carpeta de investigación del caso Duarte, existe una causa probable de la comisión de delitos por parte del acusado.
Dentro de la misma carpeta, se encuentra iincluida la solicitud de extradición del gobierno federal de México.
La jueza federal en Estados Unidos autorizó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, para enfrentar los cargos de conspiración y malversación de fondos que pesan sobre él en territorio mexicano.
¿De qué se le acusa a César Duarte?
La principal acusación sobre Duarte es el desvío de recursos públicos.
El exgobernador presuntamente desvió alrededor de 6 mil millones de pesos, de acuerdo con datos del sistema de justicia del estado de Chihuahua.
Además Duarte también está acusado del desvío de 379 millones 204 mil 999 pesos, delito cometido en el 2016, mientras que la orden de aprehensión se giró en abril de 2019.
Durante el sexenio anterior, el gobierno mexicano presentó 8 peticiones de extradición, las cuales solicitó el gobierno de Chihuahua, encabezado entonces por Javier Corral.
La Fiscalía Estatal obtuvo 11 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador chihuahuense, por su presunta responsabilidad peculado agravado, derivado del desvío por mil 200 millones de pesos.
Según la investigación, a Duarte se le acusa del desvío de mil 550 millones de pesos, además de que le fueron incautados 16 propiedades, entre ellos 12 fincas rústicas y 2 ranchos.
Según las investigaciones, el delito ocurrió cuando el gobierno de Chihuahua le dio un contrato por adjudicación directa a la empresa Asesoría y Servicios Online S.A. de C.V., para luego desviar el dinero en efectivo en un local de la ciudad de Chihuahua con la razón social Manzil Construcciones.
El contrato fue realizado en 2015 y aparentemente de ahí tomaron 22 millones de pesos para pagar a diputados locales con el fin de aprobar la bursatilización por 6 mil millones de pesos en julio del 2016.