La construcción de un muro fronterizo y la instalación de cientos de millas de boyas sobre el río Bravo amenazan con provocar inundaciones catastróficas que pondrían en riesgo inminente las vidas de miles de habitantes, advierten autoridades locales y expertos ambientales.
De acuerdo con un estudio independiente realizado por el doctor Mark R. Tompkins, un ingeniero hidrólogo experto de San Francisco financiado por asociaciones de terratenientes y grupos sin fines de lucro, la alteración del cauce del río mediante estas infraestructuras tendría consecuencias fatales, especialmente para el lado mexicano.
El caso se expuso durante una reunión con Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Río Grande, Melissa R Cigarroa, regidora del cabildo de Laredo, Texas, y el abogado y terrateniente Ricardo de Anda, de Laredo. “El problema radica en la geografía de la región: Nuevo Laredo tiene una elevación promedio de 149 metros, mientras que Laredo, Texas, se encuentra a 160 metros.
Al construir un muro sólido y eliminar la vegetación natural que absorbe el impacto de las crecientes, el agua de las fuertes lluvias chocará contra la barrera estadounidense y será empujada con gran fuerza hacia el terreno más bajo en México”, explicó Tricia Cortez.
Los líderes locales han dejado claro que esta situación trasciende la política para convertirse en una urgencia humanitaria. “Si estamos hablando del ambiente, podemos alegar una vez o otra vez... pero si estamos hablando de vidas es totalmente diferente la conversación. Ya no estamos hablando si vale o no vale. Cada vida, vale”, declaró el abogado Ricardo de Anda, durante las discusiones sobre el proyecto.
Los expertos advierten que una inundación severa, similar a la ocurrida en 2010 que elevó el nivel del río más de 42 pies, arrastraría basura, árboles e incluso contenedores de tráiler. Bajo este escenario, las corrientes de agua concentradas por el muro destruirían viviendas por completo en colonias ribereñas vulnerables, como la colonia Remolino en Nuevo Laredo. “En vez de nomás mojarse... la casa va a estar flotando en el agua. Se la va a llevar la corriente”, alertaron.
VIOLACIÓN DE TRATADOS
Además de la pérdida de vidas humanas, el proyecto pone en riesgo la infraestructura crítica y la economía de ambas naciones. El diseño contempla instalar boyas de cemento unidas por gruesos cables de metal en medio del canal del río. Durante una creciente, estas boyas podrían romperse, enredarse en los pilares de los puentes internacionales y provocar su colapso, lo que paralizaría el 40% del comercio entre México y Estados Unidos que cruza por estos puertos, consideró la regidora Melissa R Cigarroa. Legalmente, señalan que e proyecto del gobierno estadounidense posiblemente violaría el Tratado de Aguas de 1944 entre ambos países.
Dicho acuerdo internacional estipula que ningún proyecto de infraestructura en el río puede desviar el flujo de agua en más de un 5%. Asimismo, existe un gran riesgo para el suministro de agua potable, ya que ambas ciudades dependen en un 100% del río Bravo para subsistir.
El cabildo de la ciudad de Laredo ha expresado formalmente su inconformidad a la construcción del muro y las boyas, argumentando que prefieren el uso de tecnología y vigilancia moderna. Para avanzar con la obra rápida y silenciosamente, el gobierno federal de EE. UU. ha suspendido cerca de 30 leyes de protección ambiental y civil, lo que les exime de presentar planes de ingeniería que garanticen la mitigación de desastres.
Las autoridades locales denuncian que no existe una justificación real para una obra tan destructiva. Los cruces irregulares se encuentran en mínimos históricos y Laredo es considerada una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. “No pongamos a nuestra gente en tanto riesgo para una invención, para algo que no pase”, señalaron.
Ante la presión del gobierno federal, que amenaza con expropiar los terrenos ribereños de la ciudad mediante procesos de eminent domain (dominio inminente), la ciudad de Laredo ha contratado abogados para frenar las acciones legales y exigir la entrega de los estudios de riesgo. Los líderes texanos hicieron un llamado urgente al gobierno de México para que exija cuentas a Washington.
“Es importante que el gobierno mexicano diga: ‘No es la culpa. Van a matar nuestra gente’”, concluyeron, enfatizando que Nuevo Laredo debe exigir estudios independientes inmediatos para preparar a sus corporaciones de protección civil antes de que ocurra una tragedia.