La Regidora Vanessa Pérez defendió la decisión del cabildo de adquirir una propiedad en el área del Camino a las Minas para evitar una demanda civil y argumentó que se aprobó en bien de las familias.
“Cuando me postulé para el Distrito 7 sabía que me encaminaba a un mandato tumultuoso. Luchar contra las prácticas de desarrollo inmobiliario, las políticas municipales inadecuadas y la gestión inadecuada de la zonificación formaba parte de mi programa”, dijo Pérez.
Agregó que prometió ayudar a solucionar los problemas de zonificación y uso del suelo que afectan a todo el distrito 7.
Resaltó que un estacionamiento y una bodega frente a la escuela primaria Muller era una disputa existente, una que una búsqueda en Google puede descubrir. Forma parte de la saga del desarrollo de La Bota Ranch.
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Mencionó que esta historia trata sobre la ejecución fallida de una planificación maestra, el incumplimiento de los cambios de zona en ese plan maestro, una mala supervisión, una carretera privada (ahora parcialmente pública), construcción escolar, demandas, preocupaciones por camiones de 18 ruedas circulando por una carretera con calificación D para el Departamento de Transporte de Texas, desarrollo de almacenes, una pancarta donde los niños de Muller quieren ser libres de una bodega y más.
Señaló que la historia comienza en 1995. Ese terreno que la ciudad ahora compró por 5.9 millones de dólares en este acuerdo judicial no supuso una pérdida. El caso nunca llegó a juicio y no fue una sentencia en contra de la ciudad.
“Resolvimos la disputa comprando terrenos a precio de mercado. Esa pancarta cobra vida, los niños de Muller estarán libres de una bodega, al menos en su puerta. Fue una ganancia para el Distrito 7, especialmente para los residentes que viven entre los dos puentes comerciales que nos otorgan la distinción de "Puerto más Grande del Hemisferio Occidental".
Dijo que estos residentes soportan de forma desproporcionada las cargas que provienen del comercio y la actividad industrial pesada.
“Experimentamos una peor calidad del aire debido a las emisiones de óxido de etileno derivadas de la operación de la compañía Midwest y al aumento de las emisiones de diésel por la congestión del tráfico. Nuestros estudiantes viajan en autobuses escolares que navegan por una fuerte congestión de tráfico industrial. Cuando el sistema de puentes mexicano se atasca, sufrimos los retrasos en nuestros vehículos. La gente de otras partes de la ciudad tuvo un vistazo a lo que vivimos cuando el tráfico se desvió hacia la I69. A muchos no les gustaba, pero lo hemos sufrido durante décadas”, aseguró.
“Cuando comenzaron nuestros barrios, el Puente del Comercio Mundial no existía. El tráfico llegó a nuestras puertas cuando los camiones fueron desviados a Mines Rd. Así fue como esta carretera rural se transformó en lo que es y ahora tiene más tráfico de camiones que la IH35. Esta compra de terrenos es una oportunidad. Es una oportunidad para convertirse en un espacio público agradable para los niños y los residentes”, explicó.
“No tenemos espacio en parques regionales, necesitamos una subestación de policía y podemos utilizarla para ayudar a aliviar los problemas de escasez de establecimientos de alimentos que afectan a la zona. Ahora mismo, se está nivelando y asfaltando para ayudar a aliviar algunas necesidades de congestión de pasajeros, pero el futuro depende de los vecinos. ¿Qué les gustaría ver allí? Esa es la pregunta que discutiremos en los próximos meses”, dijo,
“Cuando fui elegida en 2020, luchaba contra la corrupción en la demanda de La Bota. Entré en la oficina listo para arreglar un sistema roto. Impugnar leyes y prácticas conlleva desacuerdos, debates y controversias. Entré en la arena preparada para la pelea”, afirmó.
Aclaró si bien las demandas son estresantes, a veces hay que pasar por el proceso para conseguir una solución
“Vivimos en un país donde existe un mecanismo para resolver disputas, y ese es el sistema judicial. El sistema judicial es nuestra tercera rama del gobierno. El Ayuntamiento tiene la autoridad para regular la zonificación y el uso del suelo. No estoy de acuerdo con la idea de que la ciudad esté equivocada al regular el uso del suelo y cuestionar disputas de zonificación. Como miembros del órgano de gobierno, tenemos absolutamente el derecho y la responsabilidad de rechazar solicitudes que supongan una amenaza para la seguridad pública”, dijo.
Consideró que el Código de Desarrollo Territorial aún necesita mucho trabajo. “Nuestra aplicación es insuficiente. Nuestra administración es reacia. ¡Todavía tenemos que hacerlo mejor! Seguiré desafiando normas y leyes obsoletas, y seguiré impulsando un mejor uso del suelo y la zonificación. La salud y la seguridad pública siempre serán mis principales prioridades. Seguiré impulsando cambios y presentando sugerencias de ordenanzas que puedan generar debate. Estos cambios pueden dar lugar a disputas”, indicó.