El Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) en Laredo quedó limpio en el caso del contrato otorgado a una compañía para desinfectar escuelas durante la pandemia de COVID-19, asunto que hoy mantiene a tres personas enfrentando cargos federales por fraude.
Javier Montemayor, presidente de la mesa directiva del UISD, aseguró que cualquier supuesta actividad ilegal relacionada con un exmiembro de la mesa ocurrió sin el conocimiento de él ni del distrito escolar.
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Montemayor se refirió a Rick Rodríguez, quien formaba parte de la mesa directiva del UISD cuando se otorgó un contrato por cerca de medio millón de dólares a su empresa Desinfect Pro Master, para la limpieza de escuelas entre los años 2020 y 2022.
Indicó que el distrito ha cumplido plenamente con el proceso legal desde el inicio de la investigación federal.
“Que algo sea legal no significa que sea correcto, y por eso esta empresa fue despedida o dejó de hacer negocios con el UISD”, señaló Montemayor. “A pesar de la recomendación del entonces superintendente y su personal, este contrato se adjudicó y nunca voté a favor. Es lamentable, pero el UISD cumplió con todos los procesos de adquisición. Todo ha sido auditado y revisado por un asesor legal, y hemos cooperado con la investigación federal desde el primer día”.
Montemayor explicó que cuatro personas estuvieron presentes en la reunión donde se aprobó el contrato; el miembro de la mesa implicado se abstuvo de votar, mientras que dos votaron a favor.
Agregó que el contrato fue recomendado por el entonces superintendente David González y revisado por el asesor legal del distrito en ese momento.
Rodríguez, quien trabajaba entonces para el Departamento del Sheriff Martín Cuellar, se declaró culpable en una corte federal de Houston por fraude contra el gobierno del condado, al utilizar equipo, materiales y personal del condado de Webb para desinfectar escuelas, incluso en horario laboral.
De acuerdo con la acusación federal, Rodríguez emitía cheques a nombre de su esposa para cambiarlos en el banco.
Rodríguez, cuya esposa Gigi Rodríguez, candidata a comisionada del condado en la elección de marzo próximo, deberá comparecer ante la Corte Federal el 16 de marzo para recibir sentencia. Actualmente permanece libre bajo fianza.
Junto con Rodríguez también están acusados el sheriff Martín Cuellar y Alex Gutiérrez, quienes se declararon inocentes y enfrentarán juicio, con una posible condena de hasta 10 años de prisión y 250 mil dólares de multa.