Este 24 de mayo se cumple un año del funesto múltiple asesinato de 19 niños y dos maestros en un aula de la primaria Robb, en la pequeña comunidad de Uvalde, Texas, de alrededor de 22 mil habitantes.
Hay varias investigaciones en curso, entre ellas una de índole criminal acerca de la lentitud en la respuesta policial al tiroteo.
Christina Mitchell, fiscal de distrito, aún no determina si tienen que presentarse cargos a los agentes de la ley que estuvieron más de una hora esperando para entrar al salón donde se perpetró la masacre.
Afirma que su objetivo es llevar toda evidencia posible ante un jurado, pero antes de eso pueden pasar más meses de los doce que ya han transcurrido desde el inolvidable suceso.
Tampoco se ha concluido un estudio para calcular si una respuesta más expedita habría podido evitar más muertes de infantes, una indagatoria similar a otra que lleva a cabo el Departamento de Justicia.
Ciudad dividida
En medio de la incertidumbre, Uvalde se halla dividido entre los deudos y activistas que exigen de inmediato más restricciones a las armas de fuego y quienes señalan que ese es un derecho consagrado en la segunda enmienda.
El múltiple asesinato de Uvalde es el tiroteo más letal en la historia de Texas, con 19 víctimas de entre 9 y 11 años, así como dos profesores.
En julio pasado, unas ocho semanas después del atentado, legisladores del estado publicaron un informe en el que señalaron que se presentaron 376 oficiales de Policía en la escena, pero durante una hora hubo un caos en la coordinación a causa de lo que llamaron
Una toma de decisiones extremadamente mala
El reporte no se anda con medias tintas y lanza una culpa total contra los representantes de la ley, quienes, refiere el texto
No se adhirieron a su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar vidas inocentes sobre su propia seguridad
Tras el lamentable episodio, cinco agentes presentaron su renuncia o fueron despedidos. El imaginario colectivo atribuye gran parte de la culpa a Pete Arredondo, jefe de Policía de la escuela de Uvalde, echado de su puesto a los tres meses. Uno de sus “verdugos” fue el coronel Steve McCraw, titular del Departamento de Seguridad Pública de Texas, aunque McCraw contaba con 90 elementos en el plantel, más que cualquier agencia.