La nueva ley que ayudará a agilizar el proyecto de la expansión del puente del Comercio Mundial a 18 carriles tiene una vigencia de un año y servirá también para mover hacia adelante los proyectos del puente 4/5 y la posible expansión de Colombia.
Esta legislación se aplicará de manera exclusiva en los condados de Webb para la ciudad de Laredo, en Cameron para la ciudad de Brownsville y en el condado de Maverick para la ciudad de Eagle Pass.
En estos tres condados hay proyectos de puentes internacionales pendientes y con esta ley se espera agilizar la obtención de los permisos presidenciales, dijo el Congresista Federal Henry Cuéllar.
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El proyecto de la expansión del puente del Comercio Mundial para agregarle 10 carriles a los 8 que ya se tienen, se encuentra “estancado” por el burocratismo de agencias federales en Washington ya que se requirió un estudio ambiental que puede tardar más de dos años en completarse.
Este fue un requisito de la administración de Joe Biden porque durante la administración de Donald Trump los permisos presidenciales se agilizaron y la empresa Kansas City Southern lo aprovechó al obtener su permiso en tiempo récord para construir un puente ferroviario en Laredo.
Respecto al puente 4/5, ya se trabaja en un contrato final entre el gobierno del condado de Webb y la empresa Southwebb Bridge y una vez que se finalice se hará la solicitud formal de un permiso presidencial.
Respecto a la expansión del puente Colombia, las autoridades del gobierno de Nuevo León también expresaron su deseo de hacer realidad este proyecto pero se encuentra bajo estudio.
Apenas esta semana el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que permitirá acelerar el proceso para la obtención del permiso presidencial para la expansión de puentes en los condados de Webb, Cameron y Maverick.
La disposición establece un cronograma concreto para que la administración del Presidente Biden actúe sobre la solicitud de permiso presidencial sometida por el gobierno de Laredo ante el Departamento de Estado en Washington, aplicación que está pendiente desde hace un año y 8 meses.
Bajo esta nueva disposición que recibió el apoyo abrumador de la Cámara de Representantes y del Senado, el Departamento de Estado tendrá 60 días para recomendar al Presidente si se debe emitir el permiso presidencial, y luego el Presidente tendrá 60 días para actuar según la recomendación del Departamento de Estado.