Acusan a planta esterilizadora de Laredo de arrojar gas cancerígeno

TEXAS.- Jennifer Jinot no esperaba jubilarse antes de tiempo de su puesto como científica de salud ambiental para el gobierno federal de Estados Unidos. Llevaba 26 años evaluando los peligros de las sustancias químicas tóxicas para la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. El trabajo podía ser frustrante pero, sobre todo, gratificante.

Al principio de su carrera, Jinot evaluó el impacto en la salud de la exposición al humo de segunda mano. Tardó cuatro años -un ritmo que ella recuerda que era “locamente lento”- en elaborar una evaluación final de riesgos, publicada en 1993, que determinaba que el humo de segunda mano provoca cáncer de pulmón en los adultos y deteriora el sistema respiratorio de los niños. La industria tabaquera demandó a la agencia. Pero, al final, su trabajo impulsó cambios en la ley. La victoria fue estimulante para Jinot, que llevaba mucho tiempo soñando con hacer lo que ella llama ciencia “socialmente útil”.

En 2002, Jinot se unió a un equipo de la EPA que estaba evaluando nuevas investigaciones para determinar si el óxido de etileno, una de las sustancias químicas más utilizadas en el mundo, causaba cáncer. Este gas incoloro y de bajo olor, clave para la fabricación de un sinfín de bienes de consumo y producto habitual para la esterilización de equipos médicos, sale de al menos 160 instalaciones en todo Estados Unidos.

Los colegas de Jinot llevaban ya cuatro años leyendo estudios, examinando datos y consultando a expertos. Tenía la esperanza de que no tardaran mucho más. El equipo publicó un borrador de evaluación en 2006 en el que se concluía que el producto químico era significativamente más cancerígeno de lo que la agencia había concluido anteriormente y especialmente dañino para los niños.

Jinot creía que la ciencia demandaba una acción urgente para reforzar la normativa medioambiental existente. Pero los grupos de interés de la industria y los ejecutivos de las empresas atacaron el informe. Audry E. Eldridge, entonces presidente de la Midwest Sterilization Corporation, con sede en Missouri, argumentó en una carta de 2006 que una “amplia base de datos de estudios toxicológicos y epidemiológicos” mostraba que las conclusiones de la EPA eran erróneas. 

Eldridge, quien ayudó a fundar la Asociación de Esterilización por Óxido de Etileno, un grupo comercial que ejerce presión en nombre de las empresas de esterilización, no nombró ningún estudio específico, pero dijo en la carta que el riesgo de cáncer planteado por el producto químico era “miles de veces menor que el retratado en las estimaciones de riesgo de la EPA.”

En medio de la presión de los grupos industriales, la agencia aceptó otra ronda de escrutinio por parte de científicos independientes y del público antes de finalizar sus conclusiones. “No quieren publicar nada que sea atacado”, dijo Jinot sobre la EPA en una entrevista reciente. La EPA defendió su proceso de evaluación de sustancias químicas nocivas para el medio ambiente como “ firme” en una declaración a ProPublica y The Texas Tribune.

Un proceso que, según un director de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, no debería durar más de cuatro años, acabó tardando otra década. En 2016, la EPA publicó la versión final de su evaluación. Concluía que el óxido de etileno era 30 veces más cancerígeno para las personas que lo inhalan de forma continuada en la edad adulta y 50 veces más cancerígeno para quienes están expuestos desde el nacimiento de lo que la agencia pensaba anteriormente. Este producto químico, que altera el ADN del cuerpo humano y aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como la leucemia, es especialmente perjudicial para los niños porque sus cuerpos en desarrollo no pueden reparar el daño genético con la misma eficacia que los cuerpos de los adultos.

En la década que tardó la agencia federal en concretar lo que sus frustrados científicos ya sabían, la empresa de esterilización de Eldridge amplió drásticamente sus nuevas instalaciones en la ciudad fronteriza de Laredo. Un análisis de ProPublica determinó que la instalación emitía mucho más óxido de etileno que cualquier otra planta de esterilización del país que informa de sus emisiones a la EPA.

Al mismo tiempo, las familias situadas a lo largo de su valla estaban criando a una generación de niños que crecerían a la sombra de la planta.

Karla y César Ortiz tuvieron una niña a la que llamaron Yaneli, en honor a un personaje de la televisión en español que encarnaba la bondad y la humildad, rasgos que esperaban que su hija compartiera. A lo largo de los años, su sonriente niña de pelo rizado se aficionó a las manualidades, se hizo fan de la música de los 80 y del K-pop y cuidó de sus dos hermanos pequeños en su casa, situada a menos de 8 kilómetros de Midwest.

Por la misma época, Nidia y Rafael Nevares criaban a sus dos hijos, Rafael Jr. y Juan José, o JJ, a unos 3 kilómetros de la planta. JJ, el más joven de los dos, era más extrovertido y hacía amigos rápidamente. Una de sus actividades favoritas era apartar a su hermano mayor de la computadora para jugar al escondite en el patio delantero.

El informe de la EPA de 2016 sobre el óxido de etileno no sería legalmente exigible hasta que la agencia lo incorporara a una nueva normativa. Aun así, inspiró a muchos estados a tomar medidas enérgicas contra las instalaciones industriales que emitían el producto químico, a través de demandas, regulaciones estatales más estrictas, monitoreo del aire y estudios de cluster de cáncer. Pero Texas fue en la otra dirección, convirtiéndose en el único estado que rechazó oficialmente las conclusiones de la agencia. En agosto de 2017, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, la agencia reguladora del medio ambiente del estado, anunció que pondría en marcha una revisión de la ciencia de la EPA; finalmente dictaminó que la sustancia química era significativamente menos tóxica de lo que la agencia federal había encontrado. Eso dio lugar a que Texas promulgara una nueva norma que podría permitir que las plantas emitieran más de la sustancia química.

En 2018, dos años después de que la EPA publicara su informe final, JJ fue diagnosticado con leucemia linfocítica aguda, un cáncer que se ha relacionado con la exposición al óxido de etileno. Cumplió 6 años un mes después.

“¿Has visto una novela mexicana?”, dijo su madre, Nidia Nevares. “Así fue, como una telenovela. Llorando y llorando, en shock, en shock, totalmente”.

El diagnóstico de Yaneli llegó poco después. Los médicos descubrieron que tenía el mismo tipo de cáncer que JJ en junio de 2019, tres meses antes de cumplir 13 años.

Para entonces, Jinot ya no estaba en la EPA. Se sentía frustrada por la creciente influencia de la industria en la agencia y por una burocracia que paralizaba la investigación científica crítica. Así que cuando la administración de Trump trató de reducir la plantilla de la agencia en 2017 ofreciendo a los empleados la compra de sus puestos, Jinot aceptó.

“No podía soportar más el proceso”, dijo. “No hay razón para que se demore tanto”.

EN LA OSCURIDAD

Comunidades como Laredo, donde la gran mayoría de los residentes son latinos y más de una cuarta parte vive en la pobreza, han sido dejadas en la oscuridad durante años por los organismos reguladores, que tenían pruebas de los peligros que plantea el óxido de etileno pero nunca se los comunicaron al público.

De todos los contaminantes que regula la EPA, el óxido de etileno es el más tóxico, contribuyendo a la mayor parte del exceso de riesgo de cáncer creado por los contaminantes atmosféricos industriales en Estados Unidos, según un análisis sin precedentes de los datos de modelización más recientes de la agencia realizado por ProPublica, en colaboración con The Texas Tribune. Ese riesgo se suma a los que ya corren los estadounidenses por otros factores como la genética o el estilo de vida.

La EPA dice que se esfuerza por minimizar el número de personas expuestas a las emisiones que crean un riesgo de cáncer superior a 1 entre 1 millón, lo que significa que si un millón de personas estuvieran expuestas a los contaminantes tóxicos del aire durante una vida de 70 años, probablemente habría al menos un caso adicional de cáncer. Pero la agencia es mucho más permisiva en cuanto al riesgo de cáncer que considera inaceptable: más de una muerte por cáncer adicional por cada 10.000 personas.

El análisis de ProPublica sobre el óxido de etileno evaluó el impacto del producto químico para un nivel de riesgo intermedio, 1 en 100.000, que según los expertos no protege suficientemente la salud pública. Utilizando ese umbral, el análisis, que examinó los datos de 2014 a 2018, muestra que más del 60% de los 6.9 millones de estadounidenses que se enfrentan a un mayor riesgo de cáncer por la contaminación atmosférica industrial están en peligro únicamente por su exposición al óxido de etileno. (Aunque el análisis identifica el riesgo elevado para las áreas geográficas, no puede utilizarse para determinar las causas específicas de los casos individuales de cáncer).

El riesgo es especialmente grave en Texas, que es el principal contaminador de óxido de etileno del país y alberga 26 instalaciones que emiten esta sustancia química. El estado destaca no sólo por el enorme riesgo al que se enfrentan sus residentes, sino porque se ha convertido en un aliado clave para las empresas que emiten o utilizan óxido de etileno. Texas ha luchado contra las regulaciones federales de emisiones más estrictas, incluso cuando muchos otros estados, incluyendo varios liderados por los republicanos, han promulgado controles más estrictos sobre el producto químico.

La costa del Golfo de Texas alberga algunos de los mayores y más tóxicos “focos rojos” del análisis de ProPublica, con la mayoría de las ciudades de Houston, Port Arthur y Beaumont expuestas a un riesgo a menudo muy superior a 1 de cada 100.000.
Pero si se observa el riesgo de todas las sustancias químicas, excepto el óxido de etileno, estos puntos calientes se reducen drásticamente, lo que demuestra el enorme impacto de la sustancia química.

Laredo, con más de 260 mil habitantes, se encuentra entre los 20 puntos calientes del país con mayores niveles de riesgo de cáncer, según el análisis. La planta de Midwest en Laredo emitió una media de óxido de etileno muy superior a la de cualquier otra planta esterilizadora del país durante el periodo de cinco años cubierto por el análisis, que utilizó las estimaciones de emisiones que Midwest comunicó a la EPA. Según el análisis, la instalación eleva el riesgo estimado de cáncer a lo largo de la vida de casi la mitad de los residentes de Laredo a por lo menos 1 de cada 100.000. Más de 37 mil de ellos son niños.

Midwest afirmó en un comunicado que el riesgo de cáncer que plantea su planta de esterilización es exagerado, asegurando que las emisiones que comunicó a la EPA son “los peores escenarios”, en lugar de niveles de contaminación específicos. En realidad, la ley exige a las empresas que informen de estimaciones “razonables” de lo que liberan al aire.

En 2019, la EPA ordenó a sus oficinas regionales que advirtieran a más de dos docenas de comunidades que enfrentaban los mayores riesgos de contaminación por óxido de etileno, incluidas las cercanas a las plantas esterilizadoras de Midwest en Laredo y Jackson, Missouri.

Armados con esa información, los residentes de todo el país se organizaron y presionaron a sus funcionarios electos para que actuaran. Los fiscales generales de Illinois y Georgia demandaron a las plantas de esterilización por supuestas infracciones de la contaminación atmosférica, y los legisladores promulgaron normas más estrictas sobre el producto químico. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, apoyó la iniciativa. Se formó una coalición bipartidista de representantes de Illinois, Georgia y Pensilvania para presionar a la EPA para que adoptara una normativa más estricta sobre el óxido de etileno que reflejara las conclusiones de la evaluación final de la agencia.

Las reuniones incluso provocaron cambios en las instalaciones de Midwest en Jackson, que “instalaron voluntariamente controles adicionales para reducir las emisiones”, según Ben Washburn, portavoz regional de la EPA.

Pero la región de la EPA que supervisa Texas y Luisiana se quedó atrás. A pesar de ser el hogar de la mayoría de las instalaciones de óxido de etileno de “alta prioridad”, la región no había programado una sola reunión sobre el contaminante a partir de marzo de 2020. “Estas comunidades no han tenido la misma oportunidad de interactuar con los reguladores federales y estatales para informarse sobre el tema”, decía una alerta urgente ese mes de la Oficina del Inspector General de la EPA. La región no celebró sus primeras reuniones comunitarias en ningún lugar de los dos estados hasta agosto de 2021, dos años después de la directiva de la EPA.

Por Kiah Collier, The Texas Tribune / Propublica, y Maya Miller, Propublica