Pepe, un hombre de 66 años en silla de ruedas que depende de oxígeno constante debido a una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), conmovió a la opinión pública española después de que un juez ordenara su ingreso en prisión preventiva por matar a un joven de 18 años que intentó robarle la cadena de oro que llevaba al cuello.
Tras una oleada de protestas vecinales, el hombre (vecino del barrio del Bon Pastor en Barcelona) obtuvo la libertad provisional el pasado 16 de abril y permanece en arresto domiciliario, a la espera de que la justicia determine si actuó en defensa propia o si su reacción fue desproporcionada.
¿Qué pasó el día del ataque?
Los hechos ocurrieron el domingo 5 de abril de 2026 alrededor de las 14:00 horas en el paseo de Mollerussa, número 1, en el barrio del Bon Pastor de Barcelona. Pepe se encontraba tomando el sol en su silla de ruedas cuando un joven de 18 años, que se desplazaba en patinete eléctrico, se le acercó por detrás con la intención de robarle.
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El agresor, de origen argelino y con varios antecedentes por robos, intentó arrancarle la cadena de oro del cuello. Ante la agresión, Pepe, quien portaba una pequeña navaja para realizar actividades cotidianas como cortar pan, reaccionó e hirió al joven en el pecho, causándole una herida que le provocó la muerte poco después.
Detención, prisión preventiva y la indignación vecinal
Pepe fue detenido por los Mossos d'Esquadra el mismo domingo. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva sin fianza, y el Tribunal de Instancia número 8 de Barcelona aceptó la petición el 7 de abril, argumentando un supuesto "riesgo de fuga" .
La decisión provocó una oleada de indignación en el barrio del Bon Pastor. El miércoles 8 de abril, más de 300 vecinos se concentraron en la calle de la Sèquia Madriguera para exigir la liberación de Pepe, coreando consignas como “Queremos justicia, él se ha defendido” y advirtiendo: “Si no nos escuchan, nos vamos al juzgado”.
Los manifestantes destacaron la vulnerabilidad del detenido, que requiere oxigenoterapia y padece una malformación de Chiari tipo 1, además de su EPOC. La familia de Pepe también inició una campaña de crowdfunding para financiar su defensa, ya que estimaban que el procedimiento legal podría costar hasta 25,000 euros.
Libertad provisional y arresto domiciliario
Finalmente, el jueves 16 de abril, tras diez días en prisión, un juez decretó la libertad provisional para Pepe, con la prohibición de salir del territorio español y la obligación de acudir al juzgado cuando sea citado. La Fiscalía, al valorar su estado de salud, solicitó inicialmente el arresto domiciliario, pero el magistrado optó por la excarcelación condicionada.
“Estoy un poco mejor. Algo descolocado y desubicado todavía, con fiebre y dolor de cabeza. Procesando todo lo que ha pasado, pero inmensamente feliz de haber vuelto a mi casa, con mi familia”, comentó Pepe a medios nacionales.
¿Actuó en legítima defensa?
El debate central del caso, que aún se encuentra bajo investigación, gira en torno a si la reacción de Pepe constituye un acto de legítima defensa o un homicidio punible. Expertos consultados por el diario ARA señalan que este será “el tema estrella del juicio, que se hará con jurado popular” .
Para que se considere legítima defensa en España deben cumplirse tres requisitos: que haya una agresión ilegítima, que exista una necesidad racional del medio empleado para repelerla y que no haya provocación previa por parte del defensor.
La discapacidad de Pepe y su situación de vulnerabilidad podrían jugar a su favor, ya que no tenía las mismas opciones de responder de manera más leve, como con un puñetazo.
Sin embargo, la jurisprudencia es restrictiva y la proporcionalidad será clave: los jueces deberán determinar si un arma blanca era un medio racional para repeler el intento de robo, o si hubo un exceso en la defensa .
Si se determina que hubo una eximente completa (legítima defensa), Pepe podría ser absuelto. Si se aplica una eximente incompleta (exceso en la defensa), la pena se reduciría considerablemente, pero no se eliminaría . En caso de que la justicia considere que no hubo defensa propia, podría enfrentarse a una condena por homicidio de entre 10 y 15 años de prisión.