La muerte de María Vargas Luna, de 58 años, ocurrida tras un violento ataque en el carril de drive-thru de un McDonald’s en Boyle Heights, al este de Los Ángeles, Estados Unidos, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los comercios ante hechos violentos previsibles dentro de sus instalaciones. Su esposo, José Juan Rangel, de 75 años, presentó una demanda civil contra la cadena de comida rápida y dos operadores franquiciatarios, al acusarlos de negligencia por no intervenir ni solicitar ayuda mientras la agresión ocurría frente a empleados del restaurante.
La querella fue interpuesta el pasado 8 de enero ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, casi dos años después del incidente ocurrido en marzo de 2024. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Law & Crime, la pareja esperaba su pedido dentro de su automóvil cuando un hombre identificado como Charles Cornelius Green Jr., presuntamente en situación de calle, se aproximó al vehículo. Según la demanda, el sujeto había estado merodeando el área durante al menos 10 minutos, pidiendo dinero a clientes, y era un rostro conocido por el personal del restaurante.
Te podría interesar
El abogado de Rangel, Ali R. Kazempour, sostiene que los empleados tuvieron tiempo suficiente para notar el comportamiento errático de Green y anticipar un posible riesgo. Sin embargo, no se activó ningún protocolo de seguridad. Minutos después, el hombre atacó a Rangel, golpeándolo repetidamente en el rostro a través de la ventanilla del conductor.
Al ver a su esposo bajo ataque, María Vargas Luna descendió del vehículo para auxiliarlo. Fue entonces cuando Green la empujó con fuerza, provocando que cayera y se golpeara la cabeza contra el pavimento. El impacto le causó lesiones cerebrales severas y daño neurológico irreversible. Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, permaneció varios meses con soporte vital hasta que finalmente falleció.
McDonald’s, por su parte, negó las acusaciones
Uno de los puntos centrales de la demanda es la presunta omisión del personal del McDonald’s, que según el escrito no llamó a la policía ni solicitó atención médica de emergencia durante la agresión. La policía llegó cuando Luna ya se encontraba inconsciente en el suelo.
El documento judicial también subraya que esa sucursal tenía un historial preocupante de violencia. Entre 2020 y marzo de 2024, el Departamento de Policía de Los Ángeles atendió al menos 132 incidentes en el lugar, muchos de ellos relacionados con agresiones físicas y disturbios. Para la defensa, estos antecedentes hacían previsible un hecho violento y obligaban a reforzar las medidas de seguridad.
En un comunicado, el operador de la sucursal expresó condolencias a la familia, pero aseguró que los hechos no respaldan la versión presentada en la demanda.
El caso ahora será analizado en tribunales civiles y podría sentar un precedente sobre el deber de los comercios de actuar ante amenazas evidentes, especialmente en zonas con antecedentes reiterados de violencia, donde la omisión puede tener consecuencias fatales.