El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la implementación de una nueva normativa de seguridad que entró en vigor el 26 de diciembre de 2025, con el objetivo de reforzar los protocolos de control en aeropuertos y puntos de entrada al país. La medida forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad nacional mediante el uso extendido de datos biométricos.
La regulación establece la recopilación obligatoria de información biométrica, principalmente reconocimiento facial, a todos los extranjeros que ingresen o salgan del territorio estadounidense, sin excepciones. Este sistema permitirá identificar de manera más eficiente a personas catalogadas como criminales, terroristas, visitantes ilegales o individuos que hayan sido deportados anteriormente y que intenten reingresar al país.
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Retención de datos por hasta 75 años
Uno de los puntos que más ha generado debate es la retención de los datos personales. De acuerdo con el DHS, las imágenes faciales y registros biométricos de los no ciudadanos podrán conservarse hasta por 75 años, lo que permitirá a las autoridades identificar fácilmente a un viajero en futuros desplazamientos. En contraste, la participación de los ciudadanos estadounidenses es opcional y, en caso de colaborar, sus fotografías son eliminadas en un plazo máximo de 12 horas.
Las autoridades explicaron que esta ampliación del uso de biometría facial se aplicará en vías aéreas, terrestres y marítimas, integrando tecnología avanzada de verificación de identidad para agilizar y fortalecer los procesos de entrada y salida del país.
¿Cuál es el objetivo de la medida?
Según el comunicado oficial, el uso de estos sistemas permitirá a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) identificar criminales y terroristas conocidos o sospechosos, prevenir el fraude de visados, detectar el uso de documentos falsos, así como localizar a personas que permanecen en el país más tiempo del permitido o que ingresaron sin la debida autorización.
Asimismo, el sistema busca prevenir la reentrada ilegal de personas previamente expulsadas, al confirmar de forma exhaustiva la identidad del viajero antes de permitir su acceso a territorio estadounidense.
Aunque el DHS asegura que el proceso será parte de los protocolos habituales de viaje, la medida marca un nuevo nivel de control y vigilancia en las fronteras de Estados Unidos, con implicaciones directas para millones de viajeros internacionales.