Doce exagentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) acudieron este lunes 8 de diciembre a un tribunal federal de Washington para exigir su reincorporación, tras haber sido despedidos por arrodillarse durante una protesta por justicia racial en 2020. Aseguran que su gesto no fue político, sino una táctica de desescalamiento para evitar un enfrentamiento potencialmente mortal.
La demanda sostiene que los agentes fueron removidos en septiembre por orden del actual director, Kash Patel, bajo el argumento de que su comportamiento reflejaba falta de imparcialidad y una supuesta alineación política contraria al entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, los exagentes señalan que esa interpretación es errónea y motivada por represalias políticas.
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Una decisión táctica en medio del caos
Los hechos ocurrieron el 4 de junio de 2020, en medio de las protestas nacionales derivadas de la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Los agentes fueron desplegados en el centro de Washington para patrullar zonas donde las manifestaciones se habían tornado tensas.
De acuerdo con el documento legal, los agentes estaban en clara desventaja: no contaban con equipo antidisturbios ni capacitación suficiente para control de multitudes. Fueron rodeados por un grupo hostil que los empujaba y les exigía arrodillarse, gesto que entonces se interpretaba como solidaridad con las protestas.
Ante el riesgo inminente de que la situación escalara a violencia grave, los agentes decidieron arrodillarse con el objetivo de apaciguar a la multitud. La estrategia funcionó: no hubo disparos, no hubo enfrentamiento y ningún civil ni agente resultó herido.
Revisión inicial los exoneró
Tras viralizarse fotografías de los agentes arrodillados, el FBI abrió una investigación interna. El entonces director adjunto concluyó que no existió motivación política y determinó que no debían ser castigados. El inspector general del Departamento de Justicia coincidió, responsabilizando al propio FBI por haberlos colocado en una situación sin el equipo necesario.
No obstante, la situación cambió cuando Kash Patel asumió el liderazgo del buró en febrero. Bajo su gestión, varios agentes fueron removidos de puestos de supervisión y se abrió una nueva investigación disciplinaria. Aunque el proceso seguía abierto, los agentes recibieron en septiembre cartas de despido por “conducta no profesional” y “falta de imparcialidad”.
Acusaciones de depuración política
Los exagentes aseguran en su demanda que su despido forma parte de una “purga partidista” dentro de la agencia, donde también han sido apartados otros funcionarios que trabajaron en investigaciones relacionadas con Trump o que expresaron apoyo a causas como los derechos LGBTQ+.
El litigio, señalan, no solo busca recuperar sus empleos, sino evidenciar que fueron castigados injustamente por una acción que, insisten, fue estrictamente táctica y apolítica.