Donald Trump se encuentra en el centro de una decisión que podría redefinir la regulación del cannabis en Estados Unidos.
El mandatario evalúa anunciar un ajuste en la clasificación federal de esta sustancia, un paso que modificaría su estatus legal actual y abriría nuevas rutas para la investigación científica y el desarrollo económico.
Reclasificación de la marihuana en EU
La propuesta consiste en trasladar la marihuana desde el nivel más restrictivo de control hacia una categoría con menor severidad regulatoria. Este cambio la colocaría junto a medicamentos de uso médico supervisado como el Tylenol, lo que implicaría reglas más flexibles para su estudio y producción, aunque sin autorizar su consumo recreativo a escala nacional.
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La sola posibilidad del anuncio provocó reacciones inmediatas en los mercados financieros. Empresas vinculadas al cultivo y procesamiento de cannabis registraron alzas significativas en sus acciones, al igual que fondos especializados que habían acumulado pérdidas durante años. Los inversionistas interpretan la medida como una señal de mayor estabilidad normativa para el sector.
Dentro del ámbito político, el tema marca distancia entre el presidente y los sectores más duros del Partido Republicano. Al mismo tiempo, los datos de opinión pública muestran una tendencia clara a favor de modificar las leyes actuales.
La mayoría de los ciudadanos respalda algún tipo de legalización, y numerosos estados ya permiten su uso bajo distintas modalidades.
Inclusión en programas de salud pública
El interés del Ejecutivo no es nuevo. Durante meses, el propio presidente ha mencionado la necesidad de fomentar estudios médicos y explorar aplicaciones terapéuticas de los derivados del cannabis. Incluso se ha planteado su posible inclusión en programas de salud pública, lo que ampliaría el acceso regulado a estos productos.
Aun así, el proceso no sería inmediato. Tras un eventual anuncio presidencial, las agencias federales tendrían que iniciar revisiones técnicas y periodos de consulta que podrían extenderse varios meses. Analistas advierten que el resultado final dependerá tanto del entorno político como de la voluntad administrativa.