El diputado estatal Richard Peña Raymond celebró que un juez federal haya bloqueado la ley estatal SB4 que entraría en vigor este martes 5 de marzo, criminalizando y castigando con cárcel la entrada ilegal a los Estados Unidos.
“La lucha contra esta ley injusta y racista continuará en las cortes, vamos a defender los derechos de la población hispana que será la más afectada con esta legislación absurda apoyada por los republicanos de Texas”, dijo el diputado demócrata del Distrito 42, Peña Raymond.
Un juez federal de la capital de Texas, Austin, bloqueó la ley SB 4 firmada el pasado mes de diciembre por el gobernador Greg Abbott y que permite a la Policía fronteriza la detención y expulsión de migrantes irregulares.
El juez David Ezra del tribunal del distrito Oeste de Texas, indicó en un fallo de 114 páginas que la ley “amenaza la noción fundamental de que Estados Unidos debe regular la inmigración con una sola voz”.
En este sentido, ha señalado que la medida “abre la puerta a que cualquier estado apruebe su propia versión” de una ley migratoria. Asimismo, ha desestimado el argumento hecho por el estado de que el aumento de los flujos migratorios representa “una invasión”.
Con el fallo, el juez da la razón al Departamento de Justicia estadounidense, que demandó al estado por socavar la autoridad del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de migrantes, agregando además que no tenía autoridad para “administrar su propio sistema de migración”.
La ley, conocida como SB4, castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta 2 mil dólares por entrar al estado de forma ilegal. El reingreso se tipificó como un delito grave castigado entre dos y 20 años de cárcel, dependiendo de los antecedentes del migrante.
La ley convirtió en delito menor el cruce sin documentos de la población migrante, y castigaba a quienes lo intentaran con hasta 180 días en prisión, una multa de 2 mil dólares, e inclusive, dependiendo de los antecedentes de la persona, la deportación, o de dos a 20 años de cárcel.
RESPUESTA DE GOBERNADOR DE TEXAS
Por su parte, el procurador general de Texas, Ken Paxton, apeló de inmediato un fallo contra la ley SB 4 por el cual un tribunal federal bloqueó la entrada en vigor de la medida de seguridad fronteriza el 5 de marzo. Resaltó que la ley SB 4 fue adoptada para atender el desastre en curso en la frontera sur, convirtiendo en delito estatal cruzar la frontera ilegalmente.
Esto permitiría a la policía de Texas detener y ordenar a los extranjeros indocumentados que regresen al país desde el momento en que ingresaron.
La primera violación de un individuo sería un delito menor, mientras que aquellos que intenten repetidamente entrar ilegalmente a Texas estarían sujetos a cargos por delitos graves. “Hemos apelado esta decisión incorrecta. Texas tiene un claro derecho a defenderse de los traficantes de drogas, los traficantes de personas, los cárteles y las legiones de extranjeros indocumentados que cruzan a nuestro estado como consecuencia de las decisiones políticas deliberadas de la Administración Biden”, dijo el procurador general Paxton. “Haré todo lo posible para defender el derecho de Texas a defenderse contra la catastrófica invasión ilegal alentada por el gobierno federal”.