Los ojos a nivel internacional están enfocados a los Estados Unidos, luego de las recientes declaraciones del presidente electo Donald Trump en donde se hizo mención sobre la posibilidad de considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Cabe señalar que dicho planteamiento anteriormente había sido considerado, esto durante su mandato entre 2017 y 2021 y esto podría tener un fuerte impacto en la relación diplomática entre ambas naciones, así como para la estrategia de combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Fue en un evento organizado por el grupo ultraconservador Turning Point en Phoenix, Arizona, donde Trump reiteró su intención de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
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"Todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y designaré inmediatamente a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Lo haré de inmediato", aseguró.
Durante su discurso, aseguró que su administración designaría a estas organizaciones bajo el estatus de FTO y, según con Reuters, le instruyó al Pentágono estar preparado para el uso de “fuerzas especiales, guerra cibernética y otras acciones encubiertas y manifiestas” esto con el objetivo de desmantelar estas estructuras delictivas.
¿Qué tipo de implicaciones tendría?
La designación de los cárteles mexicanos como FTO podría tener diversas consecuencias profundas y multifacéticas.
En lo que respecta al plano legal, dicha categoría permitiría al gobierno estadunidense congelar activos, imponer sanciones económicas, restringir viajes y procesar a todos aquellos que de alguna forma apoyen a estos grupos.
No obstante, también podría abrir la puerta a acciones militares directas en territorio mexicano, lo que sería una violación del derecho internacional y un desafío a la soberanía de México.
Desde Mazatlán, Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Trump, asegurando que “México es un país libre, soberano e independiente y no aceptamos injerencismos”.
La mandataria enfatizó que, aunque existe disposición para la cooperación bilateral en temas de seguridad, esta no debe implicar subordinación ni violaciones a la soberanía nacional.
“Nosotros colaboramos, coordinamos trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. Es coordinación, colaboración, pero no es subordinación”, mencionó.
En este tenor, ciertos funcionarios estadunidenses indicaron que la medida podría deteriorar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Al implementarse, también estaría generando tensiones adicionales en el comercio bilateral, especialmente si se cumplen las promesas de Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones mexicanas.
¿Qué implicaría para la estrategia de seguridad?
La designación de los cárteles como FTO también tendría fuerte impacto en la estrategia de combate al narcotráfico.
Pese a que algunos sectores consideran que esta categoría estaría fortaleciendo las herramientas legales para desarticular a estas organizaciones, otros estiman que podría incrementar la violencia en México.
La intervención militar directa, por ejemplo, podría desencadenar enfrentamientos de gran escala y aumentar los daños colaterales para la población civil.
Un estudio de la UNAM titulado “Seguridad e Interdependencia entre México y los Estados Unidos de América” menciona que Estados Unidos ya cuenta con herramientas legales suficientes para combatir el narcotráfico, como sanciones económicas, extradiciones y operativos conjuntos.
Además, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró en marzo de 2023 que “designar a los cárteles como FTO no otorgaría ninguna autoridad adicional”.
“Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotráfico y las personas y entidades que las habilitan”.
Por otra parte, la complejidad del problema también radica en la interdependencia entre ambos países.
En palabras de la Presidenta, “en Estados Unidos se consume la droga, de allá vienen las armas y aquí ponemos las vidas”.
Los defensores de la designación señala que podría facilitar la desarticulación de las redes criminales al permitir una mayor colaboración entre las agencias de seguridad de ambos países.
También consideran que podría enviar un mensaje contundente sobre la seriedad con la que Estados Unidos se enfoca ante la crisis del fentanilo, que causa miles de muertes en su suelo.