En el Congreso de Massachusetts se destapó un nuevo proyecto de ley donde dos legisladores propusieron la donación voluntaria de órganos de presos para reducir su condena por delitos específicos, causando gran polémica en torno a organizaciones de derechos humanos.
Actualmente la donación de órganos está permitida en los penales del país americano, siempre y cuando el donante sea un familiar inmediato. Con dicha iniciativa se contemplan reducciones penales de entre 60 días y hasta un año con la condición de ofrecerse voluntariamente a donar parte de la médula ósea o un órgano.
Te podría interesar
Fueron los legisladores locales Judith García y Carlos González, ambos de Partido Demócrata, quienes mandaron la propuesta con la premisa de restaurar "la autonomía corporal" de las personas encarceladas. A su vez, el programa buscaría ayudar a las más de 5 mil personas en la entidad que están en lista de espera para trasplantes de órganos.
En contra de la iniciativa
Las organizaciones de derechos humanos y expertos en bioética condenaron la iniciativa de ley, pues supone una acción no ética y una aprovechamiento fragrante de la desesperación de los reclusos.
"Es como si estuvieras extrayendo órganos. Simplemente no se siente bien. No se siente humano. Estás negociando con personas vulnerables por su tiempo". Afirmó Romilda Pereira, fundadora de Project Turnaround, al diario The Boston Globe.
Kevin Ring, presidente de la organización sin fines de lucro Families Against Mandatory Minimums, también se declaró en contra de esta medida, indicando existir mejores forma de reformar a los prisioneros y hacer cambios en la justicia penal para una mejor administración sin tener que aprovecharse de la decisión de una persona condenada.
"Es solo este tipo de idea que tenemos esta clase de subhumanos cuyas partes del cuerpo [que nosotros] cosecharemos porque no son como nosotros o porque están tan desesperados por la libertad que estarían dispuestos a hacer esto".
Los conservadores creen poco probable que la iniciativa se convierta en una ley, sobre todo cuando la población carcelaria son comúnmente minorías como afroamericanos o latinos; esto también abriría un debate al racismo y la explotación humana.