En Tamaulipas, los vehículos de procedencia extranjera conocidos popularmente como “autos chocolate” pueden seguir circulando sin problema, siempre que estén afiliados a alguna organización legal por ejemplo, Unión Campesina Democrática (UCD). Así lo afirmó recientemente su dirigente estatal, Jorge Armando Sobrevilla Castillo, desmintiendo rumores de operativos masivos para decomisar autos americanos.
El llamado “decreto de regularización” para vehículos importados (o ingresados irregularmente a México) fue extendido hasta 2026, lo que permite que estos autos logren un estatus legal bajo ciertos requisitos. Esto significa que muchos “autos chocolate” pueden llevar placas válidas y circular como cualquier otro vehículo registrado.
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No obstante, el decreto ha sido motivo de controversia: organizaciones como Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) advierten que la legalización masiva de estos autos representa una competencia desleal para el mercado formal de vehículos nuevos y seminuevos.
También hay preocupaciones respecto a irregularidades burocráticas e incluso corrupción: documentos falsos, autos con historial dudoso, o unidades que ya no cumplen normas ambientales o de seguridad.
Qué significa para conductores y para la sociedad
Para muchos propietarios, este esquema ha sido una oportunidad para regularizar un vehículo que antes circulaba en la informalidad, con el fin de obtener placas, seguro, y acceso a servicios oficiales. En estados fronterizos como Tamaulipas, la demanda sigue alta, y aunque en 2025 las solicitudes para regularización bajaron según autoridades de organizaciones civiles el marco legal sigue vigente.
Críticos del decreto advierten que la facilidad para regularizar puede alentar la entrada clandestina de autos usados, socavando la seguridad vial, la industria automotriz nacional, y la recaudación formal.
Entre legalidad y debate social
La posibilidad de que “autos chocolate” circulen libremente en Tamaulipas siempre que estén afiliados a una organización como la UCD refleja la complejidad del fenómeno: un decreto que busca dar certeza legal a familias, pero que a la vez genera tensiones económicas, legales y de seguridad.
El reto, más allá de permitir circulación, será garantizar transparencia, revisión técnica, cumplimiento de normativas, y equilibrio entre accesibilidad y seguridad.