La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, así como contra Gerardo Peña Flores, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa y el ex rector Guillermo Mendoza Cavazos, por presunto fraude relacionado con el desvío de 180 millones de pesos.
Según lo revelado por el abogado general de la UAT, Dr. José Carlos Mora García, los delitos imputados incluyen ejercicio ilícito del servicio público, peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades.
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Fraude contra la UAT
Se ha establecido que los acusados intentaron justificar el desvío de fondos públicos bajo la apariencia de gastos relacionados con la pandemia, lo que finalmente se tradujo en un daño patrimonial significativo para la universidad.
Los hechos se remontan a un convenio firmado en 2016 entre el Ejecutivo Federal, el Gobierno Estatal y la UAT, con el objetivo de proporcionar un subsidio a la universidad para sus funciones académicas.
Sin embargo, para el ejercicio fiscal de 2022, se descubrió que el Gobierno del Estado no realizó las aportaciones estipuladas, dejando un faltante de 500 millones de pesos que debían destinarse a la UAT.
Uno de los puntos destacados de la investigación es el caso de un inmueble en Reynosa, Tamaulipas, que se pretendía donar a la universidad para la construcción de un campus universitario. Se estableció que el valor real del inmueble era considerablemente menor al que se reportó inicialmente, lo que sugiere un posible sobreprecio y un intento de encubrir el desvío de fondos.
Las acciones emprendidas por los acusados, que incluyen la manipulación de documentos oficiales y la omisión de información relevante, constituyen una violación grave de la ley y ponen en peligro el patrimonio y el funcionamiento de la universidad.
Daño a la universidad
Según Mora García, las irregularidades descubiertas durante el proceso de entrega-recepción y la falta de dispersión de las participaciones gubernamentales han afectado seriamente las operaciones y funciones de la UAT, lo que subraya la magnitud del daño causado por estas acciones fraudulentas.
Los delitos de los que se acusa a los implicados conllevan penas severas, que van desde años de prisión hasta multas significativas, reflejando la gravedad de las acciones perpetradas contra la institución educativa y el patrimonio público en general.