Diputados del partido Morena han destapado presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno anterior, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, con relación a la venta de terrenos en Playa Miramar, que según las acusaciones, fueron entregados de manera indebida a empresas privadas, con condiciones de crédito irregulares y extendidas por décadas.
En una reciente sesión extraordinaria, el Congreso de Tamaulipas anuló el decreto LXIV-609, que autorizaba la venta de cinco parcelas en Playa Miramar para proyectos turísticos privados.
La decisión, respaldada por 20 votos a favor y dos abstenciones, declara nula una operación financiera que supera los 260 millones de pesos, realizada durante la administración panista de Cabeza de Vaca. Los legisladores del PAN no estuvieron presentes en la sesión.
La Comisión Permanente ha revisado las irregularidades y solicitado a la Contraloría Gubernamental que inicie los procedimientos correspondientes, conforme a las leyes estatales, para determinar las responsabilidades derivadas del mencionado decreto.
Además, se ha señalado que las empresas Hospitals & Investments y Discovering México Destination Club podrían enfrentar sanciones penales por aprovechar los inmuebles sabiendo de las irregularidades en su adquisición. Humberto Prieto, presidente de la Diputación Permanente, indicó que los proyectos propuestos por las empresas mencionadas no cumplen con los requisitos técnicos, financieros y de impacto turístico. Además, no presentaron el flujograma de obra requerido.
En marzo del 2022, el gobierno anterior vendió tres inmuebles a Hospitals & Investments por 158.3 millones de pesos, con condiciones de pago extendidas hasta marzo del 2030.
Posteriormente, en agosto del mismo año, se adjudicaron dos lotes adicionales por 106.2 millones de pesos, con pagos escalonados hasta ocho años después de la firma del contrato. Se descubrió que Hospitals & Investments no cumplía con los requisitos de un proyecto ejecutivo adecuado.
A pesar de prometer la creación de 1,344 empleos y beneficiar a 33 empresas locales, no proporcionaron documentación que respalde estas afirmaciones.
Además, el proyecto propuesto, descrito como un condominio, no generaría un flujo constante de visitantes ni ingresos por impuesto sobre hospedaje para el estado.
Los hechos relacionados con los terrenos de Playa Miramar serán remitidos a la Contraloría Gubernamental para determinar si se deben iniciar procedimientos penales contra aquellos involucrados en estas presuntas irregularidades.