El combate a la corrupción en Tamaulipas ha sido una simulación en los últimos años, con magros resultados, de acuerdo con el análisis del Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas, en el que propone líneas para reducir este problema.
“El actuar del ente fiscalizador del Estado fue reducido en los últimos años presentando escasas sanciones administrativas, dentro de las conductas irregulares de servidores públicos que conformaron la Administración Pública Estatal”, detalla el documento publicado el Periódico Oficial de Tamaulipas.
Te podría interesar
Entre 2021 y 2022, últimos años del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, sólo hubo una amonestación pública, y un apercibimiento, y se suspendieron a 11, inhabilitaron 14 en el 2021 y apenas seis en el 2022.
FALLAS EN LA LEY
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, fue expedida el 31 de mayo del 2017, y entró en vigor el 19 de julio del mismo año, es decir, se dio un breve lapso para preparar las incidencias contenidas en un procedimiento sancionatorio inédito, ocasionando inexactitudes en su aplicación.
FALTA ACCIÓN LEGISLATIVA
También consideran que se debe trabajar en la armonización para igualar las leyes locales con las federales. “De igual manera se considera que no existe la actualización legislativa estatal que se armonice con las disposiciones derivadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que representa una tarea pendiente”, explican.
LAS PROPUESTAS
* Es necesario trabajar en dos vertientes principales. La primera se relaciona con el combate a la corrupción y la impunidad, lo cual implica desplegar todos los recursos del Estado para sanción de faltas administrativas y conductas delictivas, así como la correcta aplicación y vigilancia del gasto.
* La segunda vertiente es la referente al cambio en la conciencia colectiva, hacia el interior de la Administración Pública Estatal por medio capacitaciones, talleres de sensibilización y ejercicios de concientización que permitan cambiar la percepción de lo que es el desempeño deseable de las personas servidoras públicas; y hacia el exterior, por medio de estrategias que propicien un cambio en la conciencia social, trabajando junto con la ciudadanía para recuperar su confianza, fomentando la ética y la legalidad e involucrándose en la vigilancia del gasto público y la toma de decisiones