La Fiscalía de Tamaulipas es la autoridad del Estado contra la que más quejas presentó la ciudadanía, y que recibió la mayor cantidad de recomendaciones por la gravedad de los casos, de acuerdo con el informe presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Olivia Lemus, presidenta del organismo autónomo del Estado, presentó su informe del 2022 ante la comisión de diputados de Tamaulipas.
Los principales derechos humanos vulnerados son la legalidad y la seguridad jurídica, la igualdad y el trato digno, derechos sociales del ejercicio individual, así como la libertad personal, expresó.
“En el presente ejercicio se emitieron 27 recomendaciones, mismas que ya fueron aceptadas y se encuentran en vías de cumplimiento, siendo las siguientes: En número 1. La Fiscalía General de Justicia del Estado, con un total de ocho recomendaciones. La Secretaría de Seguridad Pública, con siete recomendaciones. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con tres recomendaciones. El Sistema DIF Madero, con dos recomendaciones. El Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con una recomendación. La Secretaría de Educación en el Estado, con una recomendación“, detalló.
La Fiscalía de Tamaulipas ha sido cuestionada por el partido Morena, pues su titular, Irving Barrios Mojica, fue puesto en el cargo durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, modificando la ley para que permaneciera en el cargo con opción de reelección. La titular de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas, dijo que las recomendaciones presentadas por presuntas violaciones graves a los derechos, no se dirigen a una persona en particular, pero sí son las acciones de mayor contundencia.
“Ante la acreditación fehaciente de vulneraciones a los derechos inalienables que además suponen situaciones que no pueden ser subsanables o corregidas por el ente generador de éstas, la figura de la recomendación cobra relevancia como el instrumento que nos permite reafirmar el papel de la comisión como integrante del sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, incorporando al escenario público esta magistratura de opinión, que señala y coloca en la agenda pública problemática que requieren ser atendidas para alcanzar soluciones profundas que solventan la raíz de los fenómenos generados de tales transgresiones. “En ese sentido, este tipo de resoluciones son instrumento de mayor contundencia en la protección y defensa de los derechos humanos”, puntualizó.