Raúl Hernández Chavarría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), presentó siete nuevas denuncias contra exfuncionarios de la administración panista del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.
“Las investigaciones realizadas por la UIFE llevaron a determinar hechos de corrupción con apariencia de delitos que involucran a cuatro dependencias en el gobierno panista”, declaró Hernández Chavarría.
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Con estas nuevas denuncias, añadió, “ya suman doce los expedientes que se han llevado ante la Fiscalía General de Justicia este año” y anticipa que “se seguirán presentando continuamente” con base en los hallazgos de la UIFE. Se informó también que están en curso investigaciones relacionadas con empresas fachada y factureras, así como con empresas vinculadas al robo de combustibles, conocidas como huachicoleras.
“Estas empresas tuvieron operaciones con ciertas dependencias de la administración estatal anterior”, especificando la Contraloría Gubernamental, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Bienestar Social. El futuro de estas denuncias recae en manos de la Fiscalía General de Justicia, que determinará si “pueden tipificarse como peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros”, pues “puede existir daño patrimonial al erario estatal por muchos millones de pesos”.
El 12 de octubre, Hernández Chavarría presentó tres denuncias relacionadas con actos de corrupción que implicarían daño patrimonial al estado de Tamaulipas. Las denuncias fueron contra exfuncionarios de alto nivel de la Secretaría General de Gobierno, la Contraloría, la Secretaría de Bienestar y Administración.
“Durante el proceso de investigación, la UIFE logró detectar diversos actos que pueden constituir hechos de corrupción”, señaló el titular de la UIFE. En cuanto al proceso legal, Hernández Chavarría enfatizó que “corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción determinar la existencia o no de los delitos”.
Y agradeció la “disposición y colaboración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para atender las acciones ejercidas”.