El Poder Judicial Federal concedió la suspensión definitiva (por todo el tiempo que dure) al juicio de amparo 1749/2021 a un habitante del poblado La Pesca.
Esta comunidad pertenece al municipio de Soto la Marina, para que no sea desalojado ni afectado por el decreto expropiatorio de 42 hectáreas por parte del gobierno estatal a través de la la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas (SOP).
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El conflicto en La Pesca
El proceso puede llevarse varios meses, o años, hasta que se tengan más elementos para dictar la sentencia respectiva y decidir si se otorga o no el amparo judicial.
El Juez Fernando Ureña Moreno, titular del Juzgado Primero de Distrito en Victoria, acordó: “procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA” para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan.
"La petición respalda a un ciudadano no sea despojado del bien inmueble que tiene en posesión y que las autoridades responsables dispongan lo necesario para que no se hagan movimientos del citado inmueble a favor de diversas personas, hasta en tanto cause estado la sentencia que en su momento procesal se dicte".
El ciudadano le señaló al Juez que es habitante del ejido La Pesca, de Soto La Marina, identificándose como el dueño de un predio rústico ubicado en dicha comunidad.
La posesión sobre el inmueble citado lo acredita con el Contrato de Cesión de Derechos de Posesión desde el 29 de enero de 2021, ratificado ante la fe del notario público número 287, de Aldama, Tamaulipas.
Asimismo refiere que con motivo del decreto LXIV-819 mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado a enajenar un inmueble a título oneroso en dicho poblado, para que se destine a proyectos turísticos, publicado en el Periódico Oficial el 23 de septiembre de 2021, se ve afectado en su derecho de posesión a título de propietario.
Su terreno y casa se encuentra dentro de su perímetro; toda vez que existe el riesgo inminente de un desalojo de su propiedad y posesión.
El 23 de febrero es la siguiente audiencia
El juez estableció el 23 de febrero como la fecha programada para la audiencia constitucional, que es en la que se decide si se otorga o no el amparo. Según especialistas en la materia el juicio se llevará varios meses debido a la complejidad del mismo.
La duración del juicio se debe porque se tienen que reunir todas las pruebas y los elementos de derecho por parte de ambas partes, para poder decidir si la autoridad estatal está violando la Constitución Federal con su actuación.