Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados en más de 190 países luego de que la Interpol emitiera la ficha roja para localizar a la pareja, quienes son acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal por más de 3 mil millones de dólares.
La Organización Internacional de Policía Criminal emitió la ficha roja a petición de la Fiscalía General de la República, para que ambos sean rastreados y presentados ante las autoridades mexicanas.
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La semana pasada, la conductora compartió un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que era objeto de abusos por parte de las autoridades y que las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito son falsas.
Además, otras diez personas implicadas en el crimen de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga también son requeridas por la justicia mexicana, pues un juez emitió órdenes de aprehensión para distintos funcionarios y actores políticos involucrados.
El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fue quien libró las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR.
Entre las personas implicadas en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y buscadas por la justicia, se encentran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Palo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración y Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales de ese organismo.
De acuerdo con la FGR, estos ex funcionarios, así como Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, están implicados en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos en contratos a empresas factureras.