El proceso legal contra el exluchador Alberto “N”, conocido como “El Patrón”, continúa en San Luis Potosí mientras su defensa intenta frenar el avance del caso mediante un acuerdo extrajudicial que incluiría una compensación económica superior al millón de pesos para la denunciante.
De acuerdo con información difundida por el periodista Lalo Carrillo de TvNotas, la estrategia de los abogados del exdeportista consiste en buscar una salida alterna que permita evitar un juicio penal y, con ello, una posible condena de cárcel. Sin embargo, la víctima, Mary Carmen Rodríguez Lucero, ha rechazado públicamente cualquier propuesta de reparación económica.
Actualmente, el exluchador permanece bajo custodia en el penal de La Pila, luego de ser detenido en flagrancia por presunta violencia familiar. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación mientras se integra el expediente para su posible imputación.
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Fiscalía formaliza acusación
La Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales formalizó la acusación después de que Rodríguez Lucero ratificara la denuncia y presentara diversas pruebas. Entre los elementos incluidos en el expediente se encuentran evidencias de presuntas agresiones físicas y verbales ocurridas en el domicilio que compartía la pareja en la zona de Lomas del Tecnológico.
Según la autoridad, la detención del exluchador se realizó tras un incidente reportado por la víctima, lo que permitió a los agentes actuar en flagrancia y trasladarlo posteriormente al centro penitenciario.
La legislación de San Luis Potosí establece que el delito de violencia familiar puede ser castigado con penas de hasta siete años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y de posibles antecedentes.
Víctima rechaza compensación
Aunque la defensa busca cerrar el caso mediante un acuerdo económico, la denunciante ha dejado claro que su prioridad no es recibir dinero.
En mensajes difundidos por la conductora Flor Rubio, Rodríguez Lucero afirmó que no está interesada en aceptar una compensación financiera.
“Para mí no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida”, expresó la víctima, quien también señaló que su principal preocupación es garantizar su integridad y la de sus hijos.
De acuerdo con lo revelado en el programa de televisión, incluso familiares del exluchador habrían solicitado el perdón de la denunciante con la intención de detener el proceso judicial.
El juez decidirá el futuro del caso
El destino legal de Alberto “N” dependerá ahora de la decisión de la víctima y de la valoración del juez sobre la viabilidad de un acuerdo de reparación del daño.
Si la denunciante acepta la negociación y el juez la valida, el exluchador podría recuperar su libertad y evitar una condena penal.
En caso contrario, el proceso continuará por la vía judicial, lo que podría derivar en una sentencia de prisión si se comprueba su responsabilidad en el delito de violencia familiar.
